La Audiencia Provincial de Pontevedra suspendió ayer el macrojuicio contra 21 procesados de tres organizaciones de narcos gallegas que debía empezar en la Sección Cuarta por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenido a bordo del remolcador Titán III en agosto de 2018, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Ante el aplazamiento y a petición del fiscal Antidroga, se puso en libertad a los dos únicos procesados que seguían en prisión provisional, el boirense Mario Otero, considerado cabecilla de uno de los grupos gallegos, y Pedro Rodríguez García, patrón y armador del Titán III, un narcobuque que se alquilaba al mejor postor para el transporte de alijos de coca desde Sudamérica .
La Sala, formada por tres magistradas, denegó inicialmente suspender el juicio del Titán III como reclamaban las defensas pese a que una de las abogadas residente en Santiago sufre una fractura de tibia y peroné y otra, embarazada a punto de parir, tenía varias consultas ayer mismo. En el primer caso instaban a la letrada a acudir en silla de ruegas y, en el segundo, pospusieron el inicio de la sesión de ayer hasta las 12.30 horas para que tuviera tiempo de acudir a las visitas médicas.
Finalmente ayer, la sala decidió suspender el juicio y aceptar la baja médica que presentaron ambas letradas de la defensa. En el caso de la abogada de Santiago, de baja laboral por la fractura de la pierna, se había acordado que el juicio contra sus dos clientes se celebrase separado del resto cuando ella reciba el alta, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero al presentar la baja médica también su compañera embarazada, se decidió suspender el juicio contra el resto de procesados y aplazarlo hasta julio.
La nueva fecha para la vista se fija para los días 20 y 21 y 22 de julio, jornadas en las que se abordarán las cuestiones previas, se suspende durante el mes de agosto y se retomará a partir del 20 de septiembre hasta el 1 de octubre. Es la segunda vez que se suspende el juicio, que debía celebrarse en la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo el pasado mes de febrero, pero las restricciones COVID obligaron a trasladarlo a la capital de la provincia pues la sala de vistas viguesa carece de aforo para acoger a los 21 procesados y sus letrados cumpliendo las distancias reglamentarias. Además, la Sala de Vigo fue recusada y hubo que formar tribunal con jueces de Pontevedra.
La Fiscalía solicita para los 21 procesados penas de entre 9 y 13 años de prisión que suman un total de 224 años de prisión y multas por más de 2.400 millones de euros. Las condenas más altas se piden para los supuestos cabecillas.: Mario Otero, Jacinto Santos Viñas y Pedro Rodríguez
Durante la operación policial fueron detenidos Manuel Charlín, de 89 años, y su hijo Melchor que eran investigados por un envío frustrado de cocaína. El juez instructor los exoneró tras comprobar que finalmente los otros grupos los “puentearon” por falta de infraestructura y liquidez económica.
