El Partido Popular de Pontevedra compartió ayer la preocupación de los trabajadores de Ence con respecto al articulado de la nueva ley de Cambio Climático que está tramitando actualmente el Gobierno del Estado. El presidente del partido a nivel provincial, Alfonso Rueda, mantuvo una reunión con representantes de la plantilla de la pastera, encuentro al que también asistieron, entre otros, el portavoz de Cambio Climático de los populares en el Congreso, Diego Gago; la alcaldesa de Marín, María Ramallo; y los ediles en Poio y Pontevedra, Ángel Moldes y Pepa Pardo.
Para los populares, la ley de Cambio Climático (y concretamente el polémico artículo 18 en sus apartados 3 y 4) puede tener “consecuencias graves” para toda la provincia y para las muchas empresas enclavadas en la franja litoral. Al igual que los trabajadores de Ence, Diego Gago cree que estos artículos supondrán una “total discreccionalidad en la renovación o no de las concesiones en dominio público marítimo terrestre”. Unos espacios que, según el PP, ocupan actualmente unas cinco mil empresas en Galicia, muchas de ellas en Pontevedra, poniendo en riesgo “decenas de miles de puestos de trabajo”, como es el caso de Ence. En el caso de la pastera, desde la plantilla se subraya que el límite de la concesión se establecería, según el articulado de esta ley, en 2033.
El PP considera que, este artículo introduce cuestiones “que poco tienen que ver con el cambio climático” y que, por el contrario, sumirían a estas empresas en una “enorme inseguridad jurídica”, justo en un momento en el que deben asumir la realización de grandes inversiones para adaptarse a las nuevas exigencias climáticas. Unas inversiones que estarían en duda al tener que afrontarlas sin la garantía de si se va a prolongar o no su estancia en los actuales espacios de dominio público marítimo-terrestre que ocupan mediante concesiones.
Los populares aseguran que el tiempo apremia, dado que en breve se aprobaría y tendría "consecuencias irreversibles" para Galicia
Gago alertó, además, de que el tiempo apremia. Asegura que llevan meses trabajando para intentar cambiar el articulado y convencer al Gobierno de las “consecuencias irreversibles” que esta ley tendría en el tejido empresarial de la provincia. Aseguran que quedan “escasas semanas para que esta ley, tal y como está redactada, se apruebe y tenga unhas consecuencias terribles para Galicia”.
María Ramallo, por ejemplo, recordó que la medida afecta a Ence, “un pilar” para el empleo en el eje Pontevedra, Marín y Poio y en toda Galicia; pero también a cocederos, conserveras o depuradoras: “Va a provocar una inseguridad jurídica que se va a traducir en falta de inversiones”, destacó la alcaldesa.
Satisfacción en la APDR por el fallo que obliga a Ence a pedir al Concello licencia de obras
Por otra parte, la Asociación Pola Defensa da Ría se felicitó ayer por el fallo judicial que obliga a Ence a pedir licencia de obras para actuar en la fábrica de Lourizán. En este caso se trataba de obras de mejoras ambientales que habían sido acordadas dentro de acuerdo de prórroga de la concesión concedida (irregularmente, según la APDR) por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Defensa da Ría resalta que la sentencia es fruto de una denuncia interpuesta por la propia APDR ante el Concello, que derivó en la paralización de las obras y que fue recurrida por Ence en sede judicial, dándole la razón al Concello. La APDR destaca que la sentencia “e absolutamente clara e contraria aos argumentos de Ence” al considerar que no se trata de interés público e insiste en que “de no ser por las denuncias de la APDR, muchas obras ilegales que se llevan adelante en el recinto fabril” de Lourizán “tendrían pasado desapercibidas”.
