El caso de la empresa Camsoar, una constructora con sede en Poio que llevó el pasado noviembre a Alemania a 14 operarios para realizar una obra en el sur de país, acabará ante Inspección de Tranajo para estudiar si se vulneraron los derechos de los trabajadores. Así lo aseguraron esta mañana representantes de la CIG y siete de los operarios que regresaron a Galicia tras abandonar la obra por las condiciones laborales en las que se encontraban.

Contratados para realizar una obra de instalación de fibra óptica por 3.500 euros al mes y con derecho a un anticipo de 500 euros, tres de los operarios que emprendieron el viaje a Alemania denunciaron ante la CIG el incumplimiento de lo acordado por parte de la empresa desde el primer día: el anticipo salarial no llegó a la totalidad de la plantilla y el trabajo no pudieron realizarlo hasta una semana después por falta de herramientas. Ante las dificultades y temiendo no llegar a cobrar lo prometido por no avanzar al ritmo que debían (100 metros al día), tres de ellos decidieron abandonar la obra nada más llegar, cuando todavía no habían recibido el contrato.

Aunque la primera semana los trabajadores tan solo estuvieron haciendo labores de reconocimiento a la espera del material necesario para abrir las zanjas, los operarios reconocen que la empresa sí corrió con los gastos de manutención y alojamiento. Sin embargo, solo cobraron por días trabajados y no desde su llegada. Fue el caso de Roger Cahuya, de origen peruano, que acaba de llegar a Pontevedra tras negarse a continuar trabajando sin el comprometido adelanto salarial y tras recibir quejas por su bajo rendimiento. "Cuando estábamos en el campo exigían trabajo, pero no había herramientas suficientes. Me llamaron diciendo que no avanzaba en los metros que se tenían que hacer. Yo le presionaba para recibir el anticipo porque de ello depende mi familia", aseguró. A pesar de haberle dado de alta desde el primer día, al igual que el resto de trabajadores, él tan solo recibió 180 euros por cuatro días de trabajo.

De los 14 operarios que se marcharon a finales de noviembre, siete abandonaron al sentirse "estafados", como denuncian en la CIG. El resto recibieron la orden de la empresa para abandonar Alemania y regresar a España, aunque en la CIG desconocen el motivo. "Tenemos hecha la correspondiente denuncia ante Inspección de Trabajo y dado a la peculiaridad del caso estudiaremos una dimensión jurídica penal", aseguró Xaquín Agulla, secretario comarcal de la federación Construcción e Madeira de la CIG.