"No somos operadores, como nos llama el presidente de la Xunta, somos asociaciones de padres", protestan los representantes de las Ampas de la provincia de Pontevedra, organizaciones "sin ánimo de lucro y con carácter voluntario", recuerdan, que gestionan la labor de los comedores escolares para más de 3.500 niños y que amenazan con interrumpir esos servicios en caso de que la Xunta no modifique el protocolo de adaptación al Covid-19 para el próximo curso.
En paralelo, anuncian la puesta en marcha de "todas las medidas administrativas y judiciales en defensa de las familias y sus derechos a la educación, salud, trabajo y conciliación". El mensaje a los padres ante el próximo curso es que "vamos a intentar defenderlos ante todas las administraciones y órganos judiciales. El mensaje es que este año no va a ser posible" contar con comedores si no se llega a algún tipo de solución con la administración.
De hecho, están dispuestos a plantear "una demanda colectiva contra la administración pidiendo daños y perjuicios", indican las familias, en primer lugar por los problemas que se les plantea con las empresas con las que ya tienen servicios contratados (estas organizaciones llevan más de 15 años prestando el servicio de comedor en las comarcas de Pontevedra y Vigo y han suscrito acuerdos para varios cursos) y porque los padres "incurrirán en problemas de conciliación que tendrán que solventar de algún modo", así que se plantean exigir ante los jueces compensaciones económicas para los afectados.
Los representantes de estas asociaciones se dieron cita ayer ante el Pazo Provincial para denunciar que las exigencias del protocolo son "completamente inasumibles" desde el punto de vista técnico. Aluden en primer lugar a la reducción de plazas, de tal magnitud "que afecta gravemente a la universalidad del servicio. La razón de ser de los comedores y las aulas de madrugadores y de actividades extraescolares es facilitar la conciliación familiar y laboral, un problema generalizado en prácticamente la totalidad de la comunidad educativa", señalan en un comunicado.
Rogelio Carballo, presidente de las Ampas de la ciudad del Lérez, matizó en este punto que se ha realizado un ensayo en un comedor de Pontevedra con 180 plazas, que tras la aplicación del nuevo protocolo pasa a poco más 30. A mayores de tener que seleccionar alumnos (un extremo al que se niegan estas organizaciones, convencidas de la universalidad de la educación pública) refieren un incremento significativo del coste, consecuencia del reparto entre un menor número de familias "y agravado por las medidas de protección para asegurar la salubridad del servicio. La magnitud de este incremento lo hace inasumible por la mayoría de los usuarios", añaden.
Las organizaciones (en la comparecencia participaron presentantes de las federaciones de Vigo y Pontevedra) anunciaron que no retomarán el servicio hasta que la administración autonómica garantice la atención a todos los usuarios, cumpliendo el Protocolo Covid-19 de la Consellería de Sanidade. Implica "la utilización de más espacios dedicados a comedor y aulas de madrugadores, bien sea de modo provisional o permanente, o bien un aumento en el número de horas de servicio, por ejemplo desde las 13 horas en vez de las 14, que es la hora a la que comenzaba", brindando una solución para aquellos comedores saturados con varias turnos y que tienen un número de alumnos de Infantil elevado.
Destacan que todo esto conlleva un número significativo de monitores y cuidadores (que no pueden coincidir en cada remesa de usuarios del comedor) a mayores de las desinfecciones tras cada turno.
En la ciudad del Lérez, por ejemplo, el coste de la realización de ludotecas "bajando la participación a menos de la tercera parte está por encima del doble, del 120%", detalla Rogelio Carballo. Es uno de los directivos de las asociaciones de padres que temía ayer que el coste del comedor acabe multiplicándose, de unos 85 actuales a más de 300.
Preocupa especialmente el caso de los niños vulnerables, pertenecientes al cada vez mayor número de familias en riesgo de exclusión, para los que ese desayuno o o ese almuerzo "es la única comida nutritiva y saludable que tendrán al día", como recordó Miguel Álvarez, presidente de la Federación Olívica de Asociacións de Pais.
Por todas estas razones, demandan "normas e instrucciones claras que permitan disponer de los espacios y las horas necesarias para mantener la separación interpersonal conjuntamente con el aislamiento por aula".
Estos costes económicos derivados del aumento de personal y de los materiales necesarios para garantizar la salubridad de los servicios (como limpieza, productos sanitarios, procesamientos culinarios etc) han de ser asumidos, insisten las asociaciones de padres, "de modo extraordinario por la Consellería de Educación", mientras el protocolo esté en vigor.
"Diálogo siempre", ha sido la primera respuesta del delegado territorial de Educación, César Pérez Ares. Su departamento confirmó a FARO que "la próxima semana, aunque aún no hay una fecha fijada porque no teníamos conocimiento" de la propuesta de las asociaciones de padres, se celebrará una reunión para intentar dar salida al bloqueo que afecta a miles de familias.
