Una de las situaciones más acuciantes es la de una vecina de A Graña para quien la Fiscalía pide una pena de dos años de prisión y multa de 6.480 euros por levantar su casa en una parcela que legalizaría el PXOM. Además, el Ministerio Público también reclama una fianza de 74.000 euros para garantizar que el derribo de la vivienda en la que reside con su marido y sus dos hijos se ejecuta.

Ayer, esta mujer explicaba antes del inicio de la asamblea que está pasando "por un mal trago" que no le desea a nadie. Se encuentra en medio de un proceso judicial que cree "sobredimensionado" dado que "nós non somos delincuentes" sino que tan solo devolvieron a la productividad y le dieron vida una finca abandonada situada al lado de una casa y en un núcleo de población, el de A Graña, que aunque ni tan siquiera está recogido en las normas subsidiarias urbanística del Concello, es una aldea de toda la vida en Vilaboa. De hecho, guardan recibos del IBI de nueve casas de finales del siglo XIX.

Recuerda que el nuevo PXOM sí reconoce A Graña como núcleo e insistió en que son viviendas unifamiliares que ninguno de los afectados levantó "para especular", sino que se trata de familias "que o único que estamos buscando é poder vivir con tranquilidade". Confía en ganar esta batalla judicial: "Temos esperanza porque cremos que nós temos a razón e que por riba de calquer norma debe reinar o sentido común e non o absurdo".

En la asamblea es animó a las personas que se encuentren en situaciones parecidas a comunicarlo a la plataforma, y recuerdan que tras las primeras multas llegarán otras más grandes y finalmente la orden de derribo: "Ahora conocemos 8 o 9 casos pero seguro que hay decenas de afectados", explican.