La oposición recibió ayer las primeras explicaciones oficiales (aunque sí hubo conversaciones informales en los días pasados) sobre las dos últimas actuaciones judiciales que afectan al Concello: la intervención de hace una semana de agentes de Vigilancia Aduanera para recoger documentacion vinculada a Aquagest, y el caso de las prórrogas irregulares a la anterior empresa de jardines, Elsamex. Fue en una comisión de Régimen Interior en la que el concejal del área, Vicente García Legísima reiteró a PP, PSOE, Marea y Ciudadanos la "tranquilidad" del BNG ante estos asuntos. Estas explicaciones llegan una semana después de esa irrupción del SVA y a los seis días de la primera declaración de un funcionario, como testigo, sobre las zonas verdes.

Durante la comisión, el PP pidió explicaciones por la forma en la que se recibió la notificación del juzgado de instrucción número dos de Pontevedra con respecto a la investigación de los jardines. El edil José Luis Martín denunció que "se entregó a un técnico y no pasó por Registro", lo que interpreta como un "intento de ocultar esa información". Legísima señaló que "todas las notificaciones judiciales se dan en mano en las oficinas municipales, si bien en este caso se aprovechó que el asesor jurídico estaba en el juzgado, por otro asunto, para entregar el auto" en el que se solicitaba, a finales de octubre pasado, la entrega de la documentación, se informaba del inicio de las diligencias, y se citaba a tres testigos. El concejal negó que esta forma de proceder suponga anomalía alguna.

Precisamente para hoy está prevista la última de las declaraciones de los tres testigos llamados por el juez, tras las ya realizadas el pasado viernes y el lunes. Todo apunta a que una vez superada esta fase, el magistrado decidirá si archiva el caso o, por el contrario, solicita nuevas diligencias. El caso de los jardines responde a una denuncia formulada en su día por el PP al sospechar que podrían suponer algún tipo de delito las prórrogas irregulares otorgadas durante dos años a la anterior empresa y su posterior trabajo con facturas. Tras examinar el asunto, la Fiscalía decidió dar traslado al juzgado, que ahora dirige las pesquisas.