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El Concello ordenó cerrar el pub del Teucro en febrero hasta que cumpla la normativa acústica

La orden de cierre llegó hace un mes y la primera denuncia de la vecina de esta plaza es de 2004 -El local está siendo reformado para ajustarse a la ordenanza de ruidos

El pub anuncia en sus puertas que tiene previsto retomar pronto su actividad. // Rafa Vázquez

El Concello de Pontevedra ordenó en febrero pasado el cierre del pub de la plaza del Teucro que acumula un total de 109 denuncias por exceso de ruido de una vecina del entorno, concretamente de la calle Manuel Quiroga, y que motivó incluso la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía ante la supuesta pasividad por parte de la administración local a la hora de responder ante estas denuncias.

El departamento de Urbanismo, que dirige Antón Louro, explicó ayer que el local se encuentra actualmente cerrado a la espera de que se realicen las obras correspondientes y se adapte a la ordenanza de ruidos en vigor.

Fuentes municipales reconocen la existencia de estas denuncias reiteradas (a un ritmo de una por semana o incluso en ocasiones hay meses en los que se formularon una denuncia por día) que formula esta vecina de la calle Manuel Quiroga. Señalan que se trata de las únicas denuncias por exceso de ruido que han recibido de vecinos de esta zona. El local, antiguamente conocido como "Bananas" cuenta desde hace tiempo con licencia municipal incluida las actividades musicales pero hace meses, y precisamente ante estas denuncias reiteradas presentada por esta vecina, se le exigió que justifique, como hacen el resto de los establecimientos, el cumplimiento de la ordenanza de ruidos en vigor en Pontevedra y que es posterior a la licencia concedida en su día a este establecimiento.

Entre algunos requisitos que deben cumplir estos locales es un certificado de insonorización que los responsables del establecimiento no llegaron a entregar nunca a los servicios de Urbanismo del Concello. Es así como, llegados a este punto, el ayuntamiento decretó el pasado mes de febrero una orden de cierre de este establecimiento. Fue a finales de este mismo mes cuando los gerentes del establecimiento comunicaron al Concello que iban a proceder al cierre de forma voluntaria con el objeto de realizar una serie de actuaciones que, precisamente, tendrían como objetivo adecuar el establecimiento a la normativa de ruidos que actualmente está en vigor en la capital de la provincia.

La orden del Concello de cierre llegó en febrero de 2015 cuando, según la información que obra en poder de la Fiscalía, las primeras denuncias de esta mujer por exceso de ruido ante el ayuntamiento se remontan al año 2004.

Volverá a abrir

Desde el Concello se remarca que, tras la orden de cierre y pese a la comunicación de los propietarios del establecimiento, se ordenó a la Policía Local que comprobase que el pub permanece cerrado. Recientemente se ha recibido una comunicación en el Concello solicitando de nuevo licencia para la apertura del local una vez que este, al parecer, ya ha realizado una serie de obras y actuaciones para aislar acústicamente el local. Algo que ahora deberán verificar las autoridades municipales.

Este no es el único bar de la zona que ha sido denunciado por esta vecina. Desde un establecimiento de la calle Manuel Quiroga en la que reside esta mujer asegura que el establecimiento tuvo que permanecer cerrado siete meses debido a las quejas presentadas ante el ayuntamiento.

Investigación de la Fiscalía

Cabe recordar que la Fiscalía de Pontevedra ha abierto una investigación ante la supuesta pasividad de las autoridades municipales a la hora de actuar contra este pub y hacer cumplir las ordenanzas de ruidos. Estas diligencias se incoaron por parte del Ministerio Público después de que las múltiples denuncias formuladas ante el Concellos cayesen en saco roto. El Ministerio Público investiga la posible comisión de dos ilícitos, el primero un presunto delito medioambiental por la emisión de ruidos, del que podrían ser autores los responsables del local.

El segundo sería un posible delito de prevaricación por omisión si se aprecian indicios de que la administración local no actuó con la suficiente diligencia contra este local para garantizar que cumpliese la ordenanza municipal sobre contaminación acústica.

La investigación está ya dando sus últimos pasos en la Fiscalía y pronto se decidirá si finalmente se judicializa el caso en forma de una denuncia.

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