Fue un debate agrio y bronco, con los trabajadores y extrabajadores despedidos como testigos de excepción y un resultado esperado: la moción sobre la Cámara de Comercio de Pontevedra presentada por AGE en el pleno del Parlamento de Galicia, y respaldada por los diputados del BNG y PSdeG-PSOE, fue tumbada por los votos de la mayoría del PP al entender que la oposición solicita "una injerencia directa de la Xunta en la gestión y el gobierno" de la entidad, tal como explicó la portavoz popular, Cristina Romero, que considera inadmisible y contrario a legalidad. Además, añadió, parte de las actuaciones demandadas ya han sido abordadas y parte de las irregularidades denunciadas están inmersas en procesos judiciales.

Consuelo Martínez, diputada de AGE, solicitó expresamente a la Xunta "que se dirija por escrito a la Cámara de Comercio de Pontevedra exigiendo la inmediata readmisión de los trabajadores despedidos" , una petición para la que reclamó una votación diferenciada de la moción general. En ambos casos con resultado idéntico.

Previamente había descrito en la Cámara gallega un escenario de represalia, acoso y amenazas contra los empleados de la entidad cameral que habían denunciado, ante la administración autonómica y después ante la Fiscalía y el Juzgado, la existencia de supuestas irregularidades en la gestión de la entidad y presuntos delitos como malversación de fondos públicos, fraude en las subvenciones europeas, facturas falsas, etc.

Consuelo Martínez exhibió en la tribuna de los oradores sendos documentos que ejemplificarían toda esta situación: un escrito enviado por la secretaria de la Cámara de Comercio que decía "hay que inventar otra factura de 12.000 euros para el Xacobeo", la citada factura y el ingreso en cuenta.

Para la diputada de AGE, que se encaró con la portavoz popular, no hay dudas de que la Xunta no asume su papel de tutela de la Cámara y "echa balones fuera" para no entrar al fondo de acusaciones muy graves como ayudas del Igape bajo sospecha, representación ilegítima de cargos, usurpación de poder, emisión de facturas falsas, viajes a Brasil y relaciones comerciales irregulares,... "Saben que hay fraude, que hay corrupción. Aquí hay un delito político, se justifica el robo" espetó Martínez, que incluía en la moción rechazada la petición de una investigación fiscalizadora del Consello de Contas y la Agencia Tributaria sobre la actividad económica y las cuentas de la Cámara y otra del juzgado de Instrucción para dirimir la legalidad de ciertas gestiones.

La portavoz del BNG, Montserrat Prado, que compartía las denuncias y escenario descrito por Consuelo Martínez, advirtió a la Xunta que "no pueden mirar para otro lado, que tienen que actuar porque se está hablando de recursos públicos, del funcionamiento de la Cámara y de unos órganos de gobierno con su legitimidad bajo sospecha".

También el portavoz del PSdeG-PSOE exigió la intervención directa y ejemplarizante de la Xunta en la Cámara, asumiendo su gestión, a imitación de la de Lugo.