Testaferros que podrían estar lucrándose con patrimonio estatal

La falta de medios existentes para el control de los bienes decomisados al narcotráfico pueden incluso provocar que se den situaciones surrealistas en las que personas condenadas por lavar dinero para "Pelopincho" pudieran estar lucrándose de bienes que ya pertenecen al Estado.

La confirmación de la sentencia por blanqueo de la Operación Cormorán puso oficialmente en manos de la administración pública este patrimonio Pouso Rivas en el que figuraban varios hoteles (uno de ellos en Serra de Outes), así como restaurantes y distintos locales comerciales. Lo cierto es que cuando se confirmó la sentencia, la falta de control sobre estos bienes provocó que se supiera bastante poco de su estado, ni de la situación de los negocios que fueron embargados. Incluso se podría estar dando la situación de que estuvieran funcionando y que los condenados puedan seguir actualmente ganando dinero regentando estos hoteles y restaurantes que ya son propiedad del Estado.

"Boom" inmobiliario

Una mayor celeridad a la hora de vender o subastar estos bienes también podría haber evitado su depreciación en el caso de los inmuebles, cuyo valor se ha desplomado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Su precio en subasta ahora será mucho menor que en 2004 cuando arrancó la operación, aunque esta situación sí que es una circunstancia que nadie podía prever.

Fuentes de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra explican que alguno de los instrumentos que permitirían una mejor gestión de los bienes decomisados a los narcotraficantes ya están contemplados en el actual ordenamiento jurídico. Es el caso de la conocida como oficina de recuperación de activos judiciales, una figura que se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2010. El problema radica en que, aunque la legislación contempla la creación de esta oficina, su puesta en marcha todavía no se ha hecho efectiva.

Esta oficina actuaría como administradora de los bienes decomisados incluso durante los periodos de instrucción, liberando así de este trabajo a juzgados y fiscales. El Plan Nacional sobre Drogas sería el encargado de gestionarla en el caso de patrimonios procedentes del narcotráfico y blanqueo. La oficina de recuperación de activos serviría para localizar y administrar el patrimonio incautado no solo a organizaciones criminales, sino también a procesados en casos de corrupción.

La puesta en marcha de esta oficina fue uno de los aspectos más demandados por fiscales y magistrados pontevedreses durante el último congreso que celebró en enero la Fundación Galega Contra el Narcotráfico en Vilagarcía de Arousa y al que asistieron miembros de la Comisión Mixta de Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, quienes tomaron nota de esta petición. Un foro en el que también se demandó la creación de juzgados especializados en narcotráfico.