La Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria tiene actualmente en vigor en la comarca una decena de subastas y procesos de adjudicación de fincas, locales comerciales, viviendas y naves industriales objeto de embargo por impagos y otros procedimientos. En los próximos dos meses, (entre el 3 de mayo y el 3 de julio), ambas entidades pondrán en el mercado bienes valorados en más de 2,3 millones de euros con el fin de ingresar al menos un millón de euros, y que están ubicados en Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vilaboa.

En el caso de la Agencia Tributaria, hace apenas unos días se procedió a subastar un local comercial en O Gorgullón, valorado en 430.800 euros y a lo largo del mes de mayo se procederá a ofrecer la adjudicación de una vivienda en Paredes (Vilaboa) por 171.000 euros, una plaza de garaje en la calle de la Oliva por 25.000 y una nave industrial en A Ferreira-Lérez por más de 869.000 euros.

Por su parte, la Seguridad Social tiene en marcha en la provincia un total de 163 subastas de bienes embargados por impagos, si bien la mayor parte de esas pujas corresponden a bienes muebles (electrodomésticos, muebles y herramientas) y a vehículos, con ocho coches pendientes de comprador. Las subastas de mayor envergadura corresponden a las fincas rústicas (15) y, sobre todo a los bienes inmuebles urbanos. En este capítulo donde la provincia acumula 21 pujas pendientes, cinco de ellas en la comarca de Pontevedra, si bien es la capital el municipio que acaparan la mayor parte de los casos, junto a sendos bienes en Marín y Sanxenxo.

En toda España son 4.775, las subastas en curso doscientas menos que hace cuatro meses, que se desarrollan en 48 provincias. La de Pontevedra, con 163 casos, encabeza los casos gallegos, con el 63% de todas las subastas programadas en estos meses en Galicia por la Seguridad Social, y es la octava de España, por delante de los 46 casos de Lugo, los 32 de A Coruña y los 17 de Ourense.

El elevado número de impagos y embargos en la provincia se pone de manifiesto en una comparación con el resto de provincias, ya que solo hay siete con más procesos en marcha: Barcelona (648), Alicante (635), Madrid (507), Valencia (238), Baleares (209) y Gerona (205).

Los ocho bienes de la comarca son preferentemente viviendas y terrenos que suman una tasación de mercado de más de 820.000 euros, si bien la Seguridad Social aspira a obtener con su enajenación algo más de 385.000 euros, el importe de la deuda que los propietarios arrastran con el Estado. En bastantes casos, las fincas que se subastan arrastran cargas por hipotecas y otros asuntos que implican una enorme diferencia entre el precio de mercado y el de salida que fija la Seguridad Social.

En el caso de Pontevedra, son seis los bienes en proceso de subasta, si bien dos de ellos corresponden a una finca rústica ubicada en San Andrés de Xeve y que se tasa en apenas 700 euros. Los otros efectos objeto de enajenación son viviendas: una de 78 metros cuadrados, con garaje y trastero en la avenida de Vigo valorada en 135.600 euros, pero con unas cargas de casi 54.000; otra en la calle Bélgica de Monte Porreiro, con 79 metros cuadrados y por la que la Seguridad Social espera obtener 44.000 euros; un piso más en Eduardo Pondal, de 69 metros cuadrados y con unas elevadas cargas de casi el 90% de su valor de mercado; y una última vivienda en Rosalía de Castro de 57 metros cuadrados y tasada en 145.000 euros.

Sanxenxo, por su parte, cuenta en la actualidad con un único inmuebles embargado y cuyas subastas están fijadas para el 15 de mayo. Se trata de un piso de 106 metros cuadrados emplazado en la calle Progreso, valorado en 216.664 euros, pero que arrastra unas elevadas cargas de 180.000 euros, por lo que el Estado solo aspira a obtener 36.430 euros. Marín completa la actual lista de bienes embargados, con una vivienda en la calle Calvo Sotelo. Se trata de un piso de 95 metros cuadrados con un precio de enajenación de 81.843 euros, el 66% de su valor real.

La Seguridad Social está facultada por la ley para embargar bienes y venderlos en pública subasta para, con los ingresos obtenidos, cobrar la deuda pendiente. Estas subastas afectan a todo tipo de bienes, desde fincas rústicas y urbanas, a vehículos, embarcaciones, maquinaria, mobiliario, material ofimático y toda clase bienes muebles o inmuebles, según detalla el propio organismo, que aclara que a estas pujas se puede presentar cualquier persona salvo los directamente implicados en el embargo, así como el personal de la Seguridad Social.