Los ciudadanos de Pontevedra acudieron el pasado año más que nunca al Valedor do Pobo. Con 165 quejas formuladas en todo 2011 desde la ciudad, diez de ellas contra el Concello, se alcanzó la cifra más alta de la historia, triplicando los 58 casos del ejercicio anterior. De hecho, esos 165 expedientes suponen el 24% de todos los que se formularon desde Pontevedra ante esta institución en la última década.
Así se detalla en el balance de 2011 que acaba de hacer público la oficina que dirige Benigno López, un informe que pone de relevancia que el malestar de los vecinos en materia educativa fue muy notable el pasado año. Casos como la adscripción del colegio Crespo Rivas al CEIP Campolongo motivó un elevado número de quejas, pero también la conversión de institutos en centros integrados de FP, problemas de escolarización y las dudas sobre la oficialidad del título de la Escuela de Moda de Pontevedra.
Al margen del apartado de educación, desde la capital del Lérez el Valedor do Pobo recibió quejas por la presencia de ganado suelto, un problema que ha movilizado a varias comunidades de montes del rural pontevedrés en los últimos meses. Los casos de dependencia y el retraso en sus tramitaciones también fueron objeto de protestas, junto con las habituales discrepancias sobre las listas de espera y la asistencia sanitaria en el CHOP.
La magnitud de las quejas por el caso del Crespo Rivas llevó al Valedor a dedicar un capítulo a este asunto. En él detalla que la situación, con autos judiciales de por medio, "se complicó hasta el extremo de que esta institución recibió 29 quejas individuales por estar en desacuerdo con las concretas decisión sobre la escolarización de sus hijos, y una queja colectiva presentada por la presidenta del Anpa de Campolongo". Añade que "17 de las quejas tuvieron que ser archivadas" por presentarse en pleno proceso judicial, mientras que, sobre las demás, se solicitaron informes a la Xunta. Finalmente, Benigno Blanco señaló que "quizás fuese menos problemático establecer un periodo transitorio de por lo menos un curso escolar".
Caballos mostrencos
En el caso del ganado suelto y los caballos mostrencos, que ha supuesto un constante quebradero de cabeza para muchos vecinos del rural, el Valedor do Pobo alertó la Consellería de Medio Rural sobre las siguientes consideraciones: "Las pérdidas que sufren los agricultores en sus cosechas por la invasión de animales sueltos en las fincas y montes contiguos; los accidentes de circulación viaria, con daños no solo materiales en los vehículos sino también lesiones corporales para los conductores y peatones (como ocurrió hace unas semanas con un vecino de Cotobade); la carencia de medio personales y materiales de los concellos para la adopción de medidas de prevención o corrección; y la antigüedad del reglamento, de 1905, que no recoge las competencias actuales". Por ello, aconseja buscar soluciones a diversos aspectos, en especial la implantación de un "documento de identificación y organismos emisores", es decir, el microchip que reclaman los afectados pero que se resisten a colocar los ganaderos.
Consejos urbanísticos en Sanxenxo y sobre ruidos en Marín
Al margen de las 165 quejas formuladas desde Pontevedra, el Valedor do Pobo recibió otros 90 casos de los demás municipios de la comarca: Marín (39), Poio (17), Sanxenxo (8), Cuntis (8), Caldas (7), Ponte Caldelas (2), Portas (2), Cotobade (2), A Lama (2), Barro (2) y Moraña (1).
Una de estas quejas afectada a la tramitación de infracciones urbanísticas en Sanxenxo, en pleno debate política en la actualidad, donde un particular protestó ante el Valedor por la "notable demora" en resolver dos expedientes de reposición de la legalidad, "uno de ellos referido a la construcción de un galpón y otro a la ejecución de un muro que no respetaba las alineaciones a la vía pública". Se le recomendaba al Concello "la máxima diligencia" en estos asuntos.
Otro consejo se dirigió al Concello de Marín por exceso de ruidos en un local y también consta otro expediente por el funcionamiento de un pub con licencia de bar "en el que el concello nos respondió de forma adecuada, iniciando el correspondiente expediente sancionador para corregirlo".
Defectos en la ayuda en el hogar y en el centro de día
Los casos de dependencia han sido una constante en estos meses por la deficiente tramitación en unos casos o por fallos en el servicio posterior. Al respecto, el Valedor envió una recomendación ala Consellería de Traballo y al Concello de Pontevedra por las quejas de un usuario del servicio de ayuda en el hogar y del centro de día. Ambas instituciones aceptaron las sugerencias de Benigno López. En el caso del concello, se le pidió que "informe de forma actualizada a la consellería sobre la existencia de plazas del servicio de ayudas en el hogar".
Críticas al Concello por rechazar las recomendaciones en contra de la presencia de menores en el "botellón"
Durante el año 2011 el Valedor do Pobo abrió una investigación de oficio por la presencia de menores en los "botellones" de las grandes ciudades, entre ellas Pontevedra. En el marco de este proceso, Benigno López remitió a los respectivos concellos una serie de recomendaciones para atajar este problema, entre ellas "hacer controles especiales a los locales de venta de alcohol e impedir la presencia de menores" en el "botellódromo".
Este asunto provocó un notable enfrentamiento entre ambas entidades, que el Valedor resume en su informe del pasado año. Aunque, de entrada, aprueba "algunas de las medidas adoptadas" en Pontevedra, a renglón seguido destaca la "negativa respuesta" de la capital, que rechazó estas recomendaciones. Indica que "al margen de no mostrar respeto institucional en alguna de sus comunicaciones, no aceptó la recomendación emitida por el Valedor. Hasta hizo argumentaciones jurídicas sorprendentes y absurdas para justificar su criticable inacción. En este sentido, se afirma que el derecho al libre tránsito de personas impide prohibir el acceso a los lugares donde se realiza el "botellón". Esta afirmación desconoce por completo la teoría de los límites de los derechos fundamentales, que implica que tales derechos no pueden ser absolutos, ya que eso imposibilitaría la convivencia. Además, el Concello de Pontevedra considera que la recomendación del Valedor es una injerencia en la acción política del gobierno municipal. Esta aseveración solo puede entenderse vulnerando la normativa legal que regula al Valedor, que como defensor de los derechos y libertades supervisa la acción administrativa en garantía de la propia ciudadanía y del interés general".
