"A rajatabla". Así se seguían los protocolos de seguridad en la planta química que Brenntag tenía en Caldas de Reis y que quedó arrasada el 1 de septiembre de 2006 por un incendio que posteriormente provocó un vertido contaminante al río Umia. Al menos así lo aseguraron los trabajadores de la empresa que ayer declararon en el juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, en la primera sesión del juicio que se sigue para esclarecer si la catástrofe se debió a una negligencia. El testimonio de un camionero que se encontraba en la empresa serviría para apoyar la tesis de la imprudencia al poner en cuestión las medidas de seguridad de la planta.

El fiscal cree que sí hubo imprudencia y presenta acusación contra tres empleados de la fábrica. Se trata de dos operarios encargados de la maniobra de descarga de un camión de tolueno (una sustancia altamente inflamable), Eulogio E. P. y José Manuel M. P., así como la consejera de seguridad de la planta, Beatriz G. V.. Los tres se declararon no culpables y aseguraron que se siguieron todos los protocolos durante la descarga de esta mercancía peligrosa. Están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por omisión e imprudencia grave y el fiscal solicita una pena de 4 meses y 15 días de prisión. Además, están en juego indemnizaciones por valor de 10 millones de euros figurando como responsable civil subsidiaria la empresa Brenntag y solidariamente su compañía de seguros, AIG Europe.

El fiscal sitúa la imprudencia por parte de los acusados en la no utilización de unas pinzas metálicas que deberían conectar el contenedor en el que se vertía el tolueno con una toma de tierra para evitar que la electricidad estática, una chispa, provocase una deflagración. El Ministerio Público considera que esto fue lo que ocurrió, ya que las pinzas sí estaban instaladas en el camión cisterna pero no en el contenedor.

No obstante, los acusados negaron este hecho. Tanto Eulogio E. P., capataz de disolventes de la planta con más de dos décadas de experiencia en esta tarea, como su ayudante, José Manuel M. P., aseguraron que las pinzas estaban conectadas entre la malla de metal del contenedor y la pica de la toma de tierra. La tercera acusada, Beatriz G. V., asegura que ella misma lo comprobó hasta en dos ocasiones, aunque asegura que su cargo no le obligaba a supervisar una por una cada operación de descarga. Otro empleado que declaró como testigo también dice haber visto estas pinzas conectadas al contenedor en el que se vertía el tolueno.

Sin embargo, este camionero, que esperaba su turno para descargar mercancía en planta química de Caldas, ofreció una versión totalmente opuesta. Aurelio Játiva reiteró en varias ocasiones estar "seguro de que el contenedor no tenía las pinzas". Afirma que cuando llegó a la zona de descarga "me dio en los ojos que allí faltaba algo y me di cuenta que era el cable de la toma de tierra del contenedor". Játiva, que dice tener más de 10 años de experiencia en el transporte de mercancías peligrosas, añadió que "no me sorprendió que ocurriera" la posterior explosión.

Informe de la Guardia Civil

Esta declaración no será la única baza que juegue el Ministerio Público, representado por David de la Fuente, fiscal provincial especializado en Medio Ambiente. Si bien los acusados insisten en que habían conectado unas pinzas de latón y cable de cobre al contenedor, en un informe remitido el 14 de septiembre de 2010 al juzgado de Caldas subraya que el equipo de criminalística de la Guardia Civil "no localizó los restos de dichas pinzas ni cable" a pesar de haberse efectuado "un minucioso desescombro". Asegura el fiscal que este equipo investigador concluye que "si las pinzas se hubieran colocado, se habrían localizado sus restos". Una afirmación que los peritos tendrán que ratificar ahora en el juicio.

"Se produjo una explosión y tuvimos que salir de allí"

Eulogio E. P., el capataz de disolventes que estaba realizando la maniobra de descarga del tolueno desde el camión cisterna a un contenedor de la planta de Brenntag, relató el momento en el que se produjo la explosión. Dice que era un día muy caluroso y que el contenedor estaba muy caliente. Asegura que estaba llenando el recipiente cuando, de repente, "salió una llamarada del interior del contenedor". Asegura que, de inmediato, tanto él como su el operario que lo apoyaba procedieron a cortar el suministro de tolueno procedente del camión "apagando la bomba y cerrando la manguera". Intentaron sofocar el incendio pero explica que "cogimos los extintores pero ya se produjo una explosión y tuvimos que salir de allí".

Las defensas de los acusados, quizá con el objetivo de explicar que no se hubieran encontrado restos de las pinzas que supuestamente tenían que estar utilizando, pusieron énfasis en destacar la violencia del incendio. Así, Eulogio E. P. aseguró que la nave quedó "destruida completamente". "Irreconocible", añadió. Varios guardias civiles testigos del incendio también señalaron que se produjeron explosiones en el interior de la nave con proyección de objetos.

Durante el juicio celebrado ayer desfilaron ante el tribunal decenas de afectados por el incendio. La mayoría trabajadores de la empresa Brenntag y particulares que perdieron vehículos al quedar completamente calcinados. Aunque explicaron que ya han sido indemnizados por los vehículos a través de sus aseguradoras, muchos no renuncian a reclamar compensaciones por otros enseres que perdieron en el incendio.

También reclama una compensación el conductor del camión que afirma no haber visto las pinzas colocadas en el contenedor ya que perdió su vehículo en el incendio. Otras empresas del entorno se vieron afectadas al tener que paralizar varios días su actividad.

Las defensas aseguran que no hay ninguna normativa que exija el uso de estas pinzas

Durante el interrogatorio a la acusada Beatriz G. V., consejera de seguridad de la planta química de Brenntag en Caldas de Reis, las defensas pusieron de manifiesto que, al menos en España, "no existe una normativa que diga que las pinzas metálicas tienen que estar conectadas del contenedor a la toma de tierra" para evitar una deflagración por electricidad estática. Reconocen que existe una "instrucción" que así lo recomienda, pero niega la existencia de ninguna regulación al respecto.

Por otra parte, y con respecto a esta misma acusada, mientras el fiscal considera que era la responsable de supervisar la operación de descarga del tolueno, la acusada y sus compañeros explicaron que "su labor tenía más que ver con el control de la calidad del producto que con otra cosa" antes de autorizar la descarga.