El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra viene de anular las tres sanciones de 60.000 euros que la Xerencia Municipal de Urbanismo impuso el 22 de octubre de 2010 a la Comunidad de Bienes Ferro Mesego, promotores de los chalés que lindan con el cementerio municipal de Dorrón, así como a la arquitecta y al aparejador del proyecto.
El Tribunal considera que la "actividad administrativa impugnada no es conforme a Derecho, debiendo ser anulada la resolución", lo que deja sin efecto las sanciones impuestas por la Xerencia. El fallo fundamenta su decisión explicando que "no son ciertos los hechos que señala (la Xerencia) como constitutivos de la infracción, ya que obvia que tanto la parcelación como las cuatro viviendas unifamiliares fueron en su momento autorizadas" ya que el gobierno municipal concedió licencia para ello a través de sendas resoluciones de 31 de mayo de 2007 y de 14 de septiembre de ese mismo año, respectivamente.
Los hechos que motivaron la sanción, añaden, "no existen" ya que no se ha probado que los promotores continuasen con la construcción después de la anulación de la licencia -suspendidas por la Xerencia en febrero y marzo de 2008- y "solo en este caso podría hablarse de actuación sin licencia, no antes", apunta la sentencia.
El Concello tiene ahora quince días para presentar un recurso ante el Tribunal Superior del Xustiza de Galicia. El juzgado pontevedrés condena a la Administración local a abonar las costas del proceso.
La sentencia recoge, como ya hizo un fallo del juzgado número 1 el pasado mes de noviembre, que "no resulta acreditado incumplimiento alguno (por Ferro Mesego) ni en el emplazamiento ni en la construcción o ejecución de las obras". Según el documento, las cuatro viviendas están en los lugares previstos en las licencias municipales de obra emitidas por el Concello de Sanxenxo.
La anulación de los permisos deja ver "la existencia de un error municipal en cuanto al emplazamiento de las parcelas y del cementerio según el Plan General anterior a la concesión de las licencias, y que no puede ser atribuido a los promotores" que limitaron a solicitarlas en función de los datos extraídos de la planificación urbanística municipal vigente.
Entre la comunidad de bienes Ferro Mesego y el Concello existen otros procedimientos abiertos, entre ellos la petición de responsabilidad patrimonial de los promotores por la cuantía de dinero invertida en la obra, y que el Consello Consultivo habría cifrado en casi 600.000 euros.
Las presuntas irregularidades en la parcelación de la finca donde comenzó la construcción de estas cuatro viviendas, así como las que presentaría la licencia para la construcción de un segundo edificio en una parcela de la calle Progreso de Sanxenxo, estarían detrás de las denuncias presentadas por varios denunciantes particulares que, a su vez, motivaron el inicio de una investigación judicial.
A finales de esta semana, agentes del grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil habrían visitado las oficinas de la Xerencia municipal de Urbanismo para obtener información relacionada, entre otros, con estos casos. El departamento de prensa del Concello no realizó ningún comentario sobre la operación.
