Una bicicleta, un par de sillas y cubos desperdigados y un cerdo vietnamita fue el pobre inventario que se encontraron a primera hora de ayer las fuerzas del orden -hasta nueve patrullas de la Guardia Civil y el Grupo Rural de Seguridad- que acudieron a desalojar a la familia de Miguel Montoya de la casa de Caritel (Ponte Caldelas), donde vivían realojados por el Concello de Poio desde febrero de 2008.
Aunque en el despacho del alcalde Luciano Sobral los afectados repitieron hasta la saciedad que no dejarían la vivienda voluntariamente si no tenían otra donde alojarse, Montoya, su mujer y tres de sus hijos hicieron la mudanza unas horas antes, en la tarde del lunes, como apuntaba una vecina señalando que se habían despedido de alguna gente del pueblo. Su destino no fue otro que el poblado chabolista de O Vao, según confirmaba el cabeza de familia a mediodía.
Así, la delegación encabezada por el edil de Urbanismo de Poio, Xulio Barreiro, y el secretario del Concello de Ponte Caldelas, tardó apenas un cuarto de hora en certificar oficialmente que el segundo piso de la vivienda estaba ya vacío. Minutos más tarde, dos operarios del ayuntamiento cambiaban la cerradura de la casa dando carpetazo al principal conflicto entre los dos concellos.
Aunque sobre el terreno Barreiro se limitó a confirmar que la casa había quedado en "buen estado", a Sobral le explicó que los inquilinos se habían llevado "todo el mobiliario, menos lo de la cocina, que ya estaba", dijo. La percepción de unos y otros era que en la casa "no durmió nadie" la noche anterior, aunque las persianas estuviesen a medio bajar.
El desalojo escenificado ayer era la última opción contra la familia de Montoya, que en agosto recibió el primer aviso de firme de desahucio, casi un año después de que el tribunal Superior de Xustiza de Galicia impugnase los contratos de arrendamiento que había firmado el concello de Poio al considerar que había sobrepasado sus competencias municipales.
La decisión de trasladar a las familias a la parroquia de Caritel después de que otra orden judicial redujese a escombros sus chabolas de O Vao, no gustó a los vecinos del pueblo, que mostraron su desacuerdo a través de numerosas manifestaciones. La oposición popular provocó que el concello de Ponte Caldelas llevase el caso a los tribunales, que le dieron la razón.
La situación entre Poio y Ponte Caldelas empezará a normalizarse cuando el próximo martes 17 se resuelva el desahucio pendiente, el de la familia da Mariano Silva, a pesar de que sus miembros regresaron al poblado semanas después de su realojo.
