Seis meses después de que el edil de Hacienda, Raimundo González Carballo, declarase ante un magistrado sustituto en el juzgado de Instrucción Número 2 de Pontevedra imputado por prevaricación y fraude, la Fiscalía ha solicitado por escrito a este órgano judicial que archive la querella formulada hace dos años y medio por el Partido Popular por el conocido como "caso Naturgalia".
Entonces, el PP local había iniciado acciones legales tras unos hechos que se remontan al año 2008, cuando el Concello encargó de forma directa verbal a la empresa Naturgalia (de ahí el nombre con el que se bautizó este caso), la mejora de los jardines de la plaza da Liberdade y una actuación en una rotonda de Loureiro Crespo. Tiempo después se intentó regularizar esa adjudicación abriendo un expediente de contratación para unas obras que habían sido ejecutadas nueve meses antes.
La querella motivó que el juzgado abriese diligencias y citó a declarar como imputados al concejal de Hacienda, Raimundo González Carballo y a un funcionario municipal. Una citación que se producía apenas un mes antes de la cita electoral municipal del 22 de mayo por lo que el caso se convirtió en un auténtico terremoto político en plena precampaña.
Después de aquellas declaraciones y el resto de diligencias indagatorias practicadas por el juzgado, el fiscal encargado del caso, Augusto Santaló, llega a la conclusión de que no existió un ilícito penal en el comportamiento de los dos acusados, aunque en el escrito que ha dirigido al juzgado solicitando el archivo sí que hace hincapié en las "irregularidades administrativas" que rodearon la adjudicación de aquellas obras. Incluso llega a utilizar la palabra "chapuza" para referirse a todo el proceso en el que se intentó adjudicar una obra que ya estaba ejecutada.
Precisamente en su comparecencia ante juez y fiscal, González Carballo había señalado que, en resumen, todo se debía a un "error administrativo" fruto del colapso que padecía por aquel entonces el Concello de Pontevedra. Seis meses antes, desde el Ministerio Público ya se explicaba que la tesis del fallo administrativo era plausible en el escenario de una administración desbordada por una ingente cantidad de papeleo y trámites, pero solicitaba nuevas indagaciones antes de dar a conocer su decisión final. Medio año después, la conclusión a la que llega el Ministerio Público es esta, por lo que entiende no se pueden apreciar las características de un delito de prevaricación, ya que este no puede ser nunca imprudente. Y es que en la prevaricación se castiga, precisamente, la toma de una determinada decisión a sabiendas de que es injusta. Por lo tanto, solicita el archivo del proceso judicial y no formulará acusación contra los dos imputados, el edil de Hacienda y un funcionario municipal.
Ahora la decisión de continuar adelante con el proceso judicial o darle carpetazo al asunto corresponde al juzgado de Instrucción Número 2 de Pontevedra, dictamen que deberá adoptar un magistrado sustituto ya que el titular del juzgado se apartó del caso por ser hijo de la entonces concejala del gobierno local, Margarita Castejón.
Obras por 120.000 euros
La cuantía por la que se adjudicaron las dos polémicas obras en los jardines de la plaza de A Liberdade y en la rotonda de Loureiro Crespo se situaban en torno a los 120.000 euros.
