Visto para sentencia. Después de tres largas jornadas de vista oral ayer concluyó en la Audiencia de Pontevedra el juicio contra siete miembros de una familia arousana acusada de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, mantuvo las acusaciones contra los siete imputados así como las penas de prisión que solicita. Al frente del entramado familiar que supuestamente lavaba dinero negro procedente del narcotráfico sitúa al matrimonio formado por Carlos Rodríguez Dios, más conocido como "Cotexo", y a su mujer, Marta G. A., para los que solicita una pena de cárcel de ocho años para cada uno de ellos por blanqueo y falsificación de documentos. El Ministerio Público sostiene que blanquearon una cantidad cercana al medio millón de euros, concretamente 480.000 euros.

Junto a ellos se sentaron en el banquillo los padres de Rodríguez Dios, una hermana, su suegro y la abuela de su mujer, para los que el fiscal reclama una pena de 4 años de prisión salvo en el último de los casos que eleva a cinco. Este caso surge tras la detención de "Cotexo" por un alijo de algo más de 19 kilos de cocaína que fue hallado en su chalé de As Sinas, en Vilanova.

Durante el juicio, los principales acusados negaron que su patrimonio fuese adquirido con dinero procedente del narcotráfico y señalan a un bar que regentó Carlos Rodríguez en Carril y a un vivero de marisco como principales fuentes de ingresos de la pareja. Durante la jornada de ayer comparecieron varios testigos propuestos por la defensa que declararon que en el bar de "Cotexo" en Carril "tenía mucha clientela y trabajaba bien". También declaró un perito que aseguró, en base a su experiencia, que "Cotexo" pudo obtener unos beneficios en "B" de la actividad del bar de unos 87.000 euros. Este perito llamado por la defensa aseguró que, con estos cálculos, los ingresos del matrimonio podrían llegar a esta cifra de los 480.000 euros. Los abogados de "Cotexo" llegaron a afirmar que en el registro documental de la vivienda del principal acusado se dieron "cosas raras", y señalaron la supuesta ausencia de documentos que habrían acreditado el origen lícito de sus bienes.

Patrimonio injustificado

En su alegato final, el fiscal señaló las similitudes entre este proceso y el que resolvió la operación Cormorán. Recordó que la jurisprudencia del Supremo aduce que la presencia de testaferros y la falta de justificación del patrimonio es suficiente, cuando hay pruebas de tráfico de drogas, para condenar, y que corresponde a la defensa probar lo contrario. "El patrimonio es inmenso para unos bienes justificados mínimos", apuntó Uriarte, tras restar validez a un informe elaborado por el perito de la defensa que trataba de demostrar que tanto el vivero como el bar habían beneficios equiparables al elevado patrimonio.

El fiscal cree que el dinero que les permitió explotar el vivero provenía igualmente de la actividad delictiva.