Las empresas de transporte de viajeros por carretera son usuarias de sus instalaciones y pagan las cuotas que establece la Xunta para hacerlo, por lo que Monbus aclara que el arreglo de las deficiencias de la estación de autobuses de Pontevedra no es responsabilidad de las firmas que operan en ella, tal como señalaron desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Ninguna de las empresas de Monbus que operan en la estación de la ciudad es concesionaria de la misma ni individualmente ni en su conjunto, recalcan las fuentes consultadas por este periódico, por lo que no son responsables ni de las deficiencias del edificio no de los servicios accesorios al transporte que se puedan ofrecer.
El departamento autonómico, hace dos días, fue más allá e indicó que la Dirección Xeral de Mobilidade pediría, en los próximos días, explicaciones a la empresa por el estado de abandono de las instalaciones.
La concesionaria de la terminal local es la mercantil Estación de Autobuses de Pontevedra Sociedad Cooperativa, de la que participan doce compañías, con igual porcentaje de derecho y voto por lo que, según fuentes a las que ha tenido acceso FARO DE VIGO, aún en el supuesto de que fuese competencia de la concesionaria –que no lo es– ocuparse del arreglo de un edificio que pertenece a la Xunta no sería Monbus el competente sino la concesionaria como tal.
Las cinco compañías que integran el grupo lucense tiene dos puestos en un consejo rector de seis miembros.
La sociedad mercantil se ocupa de la gestión y mantenimiento diario de la central de autobuses de la ciudad pero, al igual que ocurre en cualquier alquiler, es responsabilidad del propietario acometer las reformas y mejoras necesarias para que su propiedad no pierda valor y ese propietario es la Xunta de Galicia, que levantó el inmueble en terrenos cedidos por el Concello hace 35 años.
Las empresas usuarias, por su parte, abonan tarifas que les dan derecho al uso de las dársenas y los servicios logísticos precisos para desarrollar su actividad, sin más obligaciones.
Según ha podido saber este periódico, en contra de los afirmado desde el departamento autonómico de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a ninguna de las cinco empresas del Grupo Monbus que operan en la estación pontevedresa (Auto Industrial SA, Transportes La Unión SA, Castromil SA, Gómez de Castro SA y Vibasa) les han remitido la supuesta auditoría encargada por la Xunta detallando las deficiencias de la estación y exigiendo su reparación. Un envío, que según fuentes del sector, carecería de sentido ya que no son las empresas de autobuses las que tienen que comprometer y afrontar un plan de actuación.
La remodelación integral y la modernización de la estación de autobuses es una demanda a la que se suman viajeros, empleados de la terminal, el gobierno local, los vecinos y también las empresas que operan en ella.
