Un vecino de Ponte Caldelas de 53 años, que en el momento de los hechos era titular de la Administración de Loterías número 34 que estaba situada en el Centro Comercial Carrefour de Pontevedra –hoy en día cerrada–, ha sido condenado por conformidad del propio acusado a una pena de dos años de cárcel por malversación de caudales públicos. Esta persona se apropió de 84.492 euros pertenecientes al organismo de Loterías del Estado, según la sentencia que dio a conocer ayer la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el fallo, el acusado, J. A. V. D., como titular de la administración recibía importes de la venta de las diversas modalidades de lotería, percibiendo comisiones y pagando determinado tipo de premios, estando obligado a liquidar semanalmente las cantidades resultantes con la delegación de la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado. Como consecuencia de esta actividad, durante el mes de enero de 2009 debiera haber liquidado cuentas que arrojaban un saldo a favor de Loterías del Estado de 83.492 euros, diferencia entre los ingresos y los abonos de premios, pero el acusado se apropió de dicha cantidad. Con fecha de 12 de enero de 2009 el propio acusado se presentó en la delegación de Loterías y puso de manifiesto lo que había ocurrido, reconociendo que se había apropiado del dinero y poniendo a disposición de la entidad toda la documentación obrante en su poder, lo que facilitó el descubrimiento de los hechos y la inspección encaminada a verificar la cantidad exacta de la que se apoderó. También reconoció los hechos desde su primera declaración judicial.

Es por este el motivo por el que el fiscal aplicó la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión de los hechos, algo que hizo antes incluso de que estos salieran a la luz. El acusado reconoció los hechos y asumió la pena, según consta en la sentencia.

El importe del que se apropió ya fue reintegrado en su totalidad al organismo de Loterías del Estado por la compañía aseguradora, que solicitó al tribunal que el acusado pagase una indemnización por el total del dinero sustraído (83.492 euros), más sus intereses legales. De esta cantidad hay que descontar 15.000 euros que J. A. V. D. ya abonó a la aseguradora, por lo que se le condena a pagar los 68.492 restantes, realizando pagos de 500 euros al mes hasta que satisfaga la deuda. Una fórmula que propuso el propio acusado.