BNG y PSdeG-PSOE pusieron ayer en tela de juicio, en el pleno de la Diputación de Pontevedra, la existencia de un "verdadero" gobierno provincial, más allá del propio presidente de la institución, Rafael Louzán.
Los portavoces de los dos partidos de la oposición, César Mosquera y Francisco Veiga, pidieron que se presentase las resoluciones presidenciales que deben definir las delegaciones territoriales supuestamente asignadas a cada uno de los 17 diputados del partido en el gobierno, el PP, que sustituyen a las tradicionales delegaciones por áreas. Una estructura organizativa, anunciada por el propio Rafael Louzán que no ha tenido traslado formal.
"En la administración lo que no está escrito, no existe", recordó el portavoz nacionalista, César Mosquera para quien, a día de hoy, sólo conoce y reconoce un cargo: el de presidente.
El diputado del BNG aludió a los problemas que se le plantean a su propia formación ante la falta de una definición clara de funciones: "no sabemos a quien dirigirnos para preguntar sobre cualquier cuestión" indicó para seguir en tono irónico que solo tienen claro que "para preguntar sobre Meaño tenemos que dirigirnos al señor Crespo, alcalde de Lalín (que momentos antes en el pleno había defendido un proyecto de este municipio de O Salnés)".
Ante cualquier duda que tenga que se dirija "al presidente" le recomendaron de viva voz desde la bancada popular, lo que ratificó a la oposición popular en su tesis sobre la "inexistencia" de un gobierno provincial.
Rafael Louzán había explicado públicamente que el nuevo organigrama de la Diputación de Pontevedra quedaba constituido de la siguiente manera: al frente, él mismo como presidente; dos vicepresidentes: Xosé Crespo, alcalde de Lalín y José Manuel Figueroa, concejal de Vigo y tres coordinadoras generales: Begoña Estévez, concejala de Vilaboa y secretaria provincial de Organización del PP; Ana Isabel Vázquez, concejala de Pontevedra y Marta Iglesias, edil de Vigo. A mayores cada uno de los 17 diputados populares serían los delegados de la institución en sus demarcaciones territoriales
Por su parte el portavoz socialista, Francisco Veiga, sumó su interés a conocer las competencias consignadas a cada diputado (a cada delegado territorial) el de saber si esta distribución organizativa se iba a traducir en los presupuestos de la institución para el próximo ejercicio económico.
Un gobierno plural
El vicepresidente provincial José Manuel Figueroa, que ayer dirigió la sesión extraordinaria del pleno de la Diputación en ausencia de Rafael Louzán, rechazó de plano la interpretación de que, a día de hoy y formalmente, sólo existe un gobierno unipersonal encarnado por el presidente. "Somos un gobierno unido, plural y cohesionado" recalcó Figueroa antes de defender la mayor rentabilidad política que obtendrá (el PP) de una distribución territorial de las competencias. "La Diputación apuesta por la proximidad a los ciudadanos y este nuevo enfoque la garantiza" .
El vicepresidente provincial recordó a los portavoces de la oposición que "tenemos derecho, al ganar en las urnas, a organizarnos y a hacer los reajustes que consideremos necesarios" y añadió que lo importante no es si están firmadas o no todavía las resoluciones sobre delegación de competencias sino que se hayan definido los ejes motores del nuevo mandato, lo que sí está hecho. Estos ejes motores serán, según la enumeración hecha por Figueroa: "la austeridad, la creación de empleo, la máxima transparencia y la modernización de la institución".
"Las cosas funcionan razonablemente bien, más que bien y es porque hay un gobierno claro, con un presidente reforzado en las últimas elecciones" sostuvo tajantemente José Manuel Figueroa para quien las dudas de la oposición no son más que poses de perdedores. "El PP habrá hecho las cosas bien cuando subió de catorce a diecisiete diputados y entre ellos hay nueve alcaldes" concluyó el vicepresidente provincial.
Libre disposición
El concejal de Marín y nuevo diputado del grupo socialista, Francisco Veiga, aprovechó ayer el capítulo de ruegos y preguntas para insistir en una demanda que reclamó, sin éxito, su compañero de partido y ex diputado Juan Muradas durante más de un año.
Veiga solicitó al presidente Rafael Louzán, para que responda por escrito, "cuáles son los criterios que sigue para distribuir el dinero de libre disposición". El portavoz socialista alude a los 14 millones de euros del llamado plan anticrisis que aprobó hace dos años el pleno de la Diputación de Pontevedra.
