La colocación de un inhibidor de frecuencias para móviles en la cárcel de A Lama está provocando más de un contratiempo a los vecinos que residen cerca de este recinto. Instituciones Penitenciarias, al igual que ha hecho en otras prisiones, instaló un sistema para evitar que los internos se puedan comunicar con el exterior burlando las normas establecidas. Pero los residentes en un radio de casi un kilómetro lamentan que el ajuste no es el correcto y que esto merma la calidad de las llamadas. Incluso impide realizarlas o recibirlas.
Este dispositivo se terminó de extender por los muros del complejo hace aproximadamente un mes. En un principio la señal alcanzaba a gran parte de los residentes en el núcleo de A Lama, aunque posteriormente se disminuyó su señal. Ahora, según denuncian algunos de los afectados, el ámbito de incidencia se ha reducido, pero se mantiene en la subida desde la capital del municipio y hasta esas instalaciones. Un problema que se sufre en los domicilios emplazados en el entorno del complejo y también en empresas y naves industriales próximas.
Los vecinos de la zona han trasladado formalmente su malestar acerca de la situación. Y es que la línea convencional no cubre la totalidad de las decenas de viviendas que rodean el recinto, con lo que el móvil se convierte para algunos en la única posibilidad de contar con servicio telefónico.
El inhibidor de móviles se puso en marcha con el objetivo de eliminar las comunicaciones de los presos con el exterior. Si bien los teléfonos móviles están prohibidos, desde Instituciones Penitenciarias tendrían constancia de que en diversas cárceles del Estado se habrían introducido en más de una ocasión. De este modo, el sistema obliga a los cerca de dos mil presos de A Lama a comunicarse únicamente mediante los aparatos del propio recinto, así como a todos los funcionarios, cuyos móviles también quedan inservibles dentro de la prisión.
Efectos
Los lugareños exigen que se reponga la calidad telefónica que había hasta hace sólo unas semanas. Asimismo, también se propone la realización de un estudio que garantice la inocuidad de este sistema de largo alcance.
Los inhibidores llevan funcionando ya varios años en diversos recintos penitenciarios españoles. Desde el Gobierno central se empezó a desarrollar la idea de su utilización en 2002, puesto que ya en entonces en Instituciones Penitenciarias había conocimiento de reclusos que mantenían conversaciones telefónicas desde sus celdas.
