La paralización del proceso de licitación del Hospital Único y del concurso para reurbanizar el barrio de Monte Porreiro, el rechazo al convenio de la ONCE, las trabas al puente de las Corrientes y ahora una demora "absolutamente absurda" en la aplicación del protocolo de cesión de edificios entre administraciones (para acometer la reforma de la Casa Consistorial), son indicios más que suficientes para que el bipartito de Pontevedra se atreva a denunciar "unha estratexia do novo goberno da Xunta para perxudicar" a la capital del Lérez.
El anterior ejecutivo autonómico dejó listas para su ejecución una serie de cuestiones que, tras el 1 de marzo, han quedado "obstaculizados sin justificación alguna". Así lo denunciaron los concejales del equipo de gobierno Margarita Castejón y José Antonio García Lores (PSOE), que expusieron que los responsables autonómicos de Patrimonio no responden a ninguno de sus requerimientos, por teléfono y fax, para agilizar el convenio de cesión de edificios públicos acordados entre el Concello y la Xunta.
Delegado de la Xunta
García Lores subrayó que el Ayuntamiento envió faxes a la Secretaría Xeral de Patrimonio los pasados 29 de abril, 14 de mayo y 10 de junio, todos ellos sin respuesta. También trató de entrevistarse con el delegado de la Xunta en Pontevedra, que "deu a calada por resposta". El concejal lamentó tener que hacer esta denuncia pública, prueba de que la relación entre instituciones no está normalizada.
Convenio "sencillo"
Se trata, explicó García Lores, de un sencillo convenio (el de cesión de inmuebles), que beneficia a los ciudadanos y a los trabajadores de ambas instituciones, y del que, en principio, no habría motivos para sacar rentabilidad política.
El edil socialista apuntó además que esta cuestión es un asunto que se responde con una simple resolución administrativa, que no precisa de ser aprobado por el Consello de la Xunta, ni debe ser publicado en el Diario Oficial de Galicia, por lo que no comprende la demora en la respuesta.
Acuerdo
El acuerdo, que procede de un protocolo entre ambas administraciones del año 2001, consiste básicamente en el que la Xunta ceda temporalmente el edificio de la antigua consellería de Facenda (en la calle Michelena) al Concello, para que esta institución inicie la remodelación de la Casa Consistorial.
Por su parte, el ayuntamiento recalificaría el solar del antiguo edificio de la Xunta en Benito Corbal, para darle uso residencial. El Concello recibiría también la antigua delegación de Educación (en Montero Ríos), que a su vez cedería a la Diputación Provincial para la ampliación de sus instalaciones.
Todo ello se iba a poner en marcha el pasado 1 de marzo, pero pasados tres meses, el gobierno local aún no tiene respuesta a la aplicación del convenio.
El ayuntamiento quería iniciar la reforma del Consistorio durante el verano, aprovechando las vacaciones de la mayor parte de sus funcionarios, pero no podrá hacerlo si la Xunta no desbloquea el traslado de servicios a la calle Michelena.
A pesar de que es un asunto que no merecería llegar al presidente de la Xunta –explicaron García Lores y Castejón–, los concejales aprovecharán la visita oficial de Alberto Núñez Feijóo al Concello de Pontevedra, mañana, para comunicarle estas deficiencias en la colaboración entre ambas instituciones.
Mobiliario
Por otra parte, los concejales recordaron que según el convenio la Xunta iba a ceder el edificio de Facenda con su mobiliario, pero se ha podido observar el traslado del mismo con camiones de mudanza. Esto sería, sin embargo, una cuestión menor, ya que el Concello está dispuesto a trasladar su propio mobiliario a este inmueble, si lo recibe.
Castejón y García apuntaron además que el Concello ha ido cumpliendo todos sus compromisos sobre este acuerdo, "no así la administración autonómica".
