Los vecinos de Salcedo aseguran que la creación de un perímetro de seguridad en torno a los terrenos de la base de la Brilat "é a gota que colma o vaso" en sus relaciones tormentosas con estas instalaciones militares y aseguran que no están dispuestos a pasar "nen unha máis".

Así se manifestaba ayer Fernando Pintos, el portavoz de la comisión gestora creada para manejar el conflicto abierto a raíz de la orden de Defensa y que anunció una batería de doce medidas para intentar derogar esta normativa. Entre estas actuaciones está la vía de los tribunales con la interposición de un contencioso-administrativo contra la medida.

Asimismo, también se solicitó pedir a la comunidad de montes de Salcedo que inicie el proceso de reclamación judicial de la propiedad del monte ya que la cesión de los terrenos se produjo en 1965 para la construcción de un Centro de Intrucción de Reclutas y no de una base de primer nivel como es la actual sede de la Brilat. Pastor Torres, presidente de este colectivo, ya confirmó al finalizar el encuentro que este proceso ya se ha puesto en marcha y que presentarán este recurso ante la Audiencia Nacional, tribunal competente para este tipo de asuntos. La comunidad de montes pondrá a disposición de los afectados a sus servicios jurídicos de forma gratuita.

El resto de medidas adoptadas por la comisión gestora incluye una reunión con otras zonas afectadas, como Vilaboa, para realizar un frente común, así como un encuentro con los responsables de Defensa en el que, además de solicitar la derogación de la orden y pedirán a los estamentos militares "que se absteñan de interferir nas labores que os afectados teñen que desenvolver cada día". Fernando Pintos asegura que, "pode que por deixadez dos veciños", los militares han ido en los últimos tiempos realizando actuaciones en el monte, como el cierre de las servidumbres a las fincas particulares o la instalación de alambradas, que impiden hacer uso libre del monte. "Calquera nova queixa vai ter un efecto multiplicador do malestar entre os afectados de consecuencias imprevisibles", aseguraba.

Asimismo, han decidido instalar unos carteles marcando el perímetro de sus propiedades para que la población "poida darse conta do alcance da medida" ya que la orden de Defensa alcanza zonas situadas a "máis de 3.000 metros da base" ocupando unos 4 millones de metros cuadrados, dos tercios de Salcedo, explicaban. Estos carteles lucirán consignas como "zona libre e non militar".

Asimismo, anuncian movilizaciones en el lugar de A Armada, epicentro de la zona afectada, y en Pontevedra.

También reclamarán una reunión con los partidos políticos de Pontevedra a los que piden que se "poñan as pilas" ya que, de lo contrario pensarían que eran conocedores de que la información urbanística que solicitó Defensa en 2005 era para instalar esta franja de seguridad. De momento, prefieren pensar que pasaron por alto esta cuestión por "deixadez".

Por último, denunciarán ante Medio Rural y_Medio_Ambiente las obras realizadas en el monte por los militares y la construcción de "casetas" para maniobras y aseguran que trasladarán lo que consideran un "atropelo sen precedentes" al Defensor del Pueblo y del Valedor do Pobo.