En Ourense, la provincia que concentra el 61% de la superficie calcinada en esta ola histórica de incendios –más de 19.300 de las 31.000 hectáreas arrasadas en los frentes principales–, y que ha sufrido en Valdeorras el fuego de mayor extensión desde que existen registros en Galicia –con decenas de casas arrasadas–, se encuentran 27 de las 35 parroquias de alta actividad incendiaria.
En el territorio gallego que más acusa el cambio climático se combinan, además, varios factores que favorecen el avance de las llamas: la despoblación, el abandono del rural como medio productivo y el envejecimiento extremo.
A estas alturas del verano, y en plena crisis de incendios, son muchos los concellos que aún carecen de brigadas propias para sumar en la lucha contra el fuego. Uno de estos municipios, por ejemplo, es el de Rubiá, seriamente afectado por el megaincendio de Valdeorras. “Entrará en funcionamiento la próxima semana, aún está en proceso”, dice el alcalde, Elías Rodríguez.
O Barco también carece de brigada, desde hace más de una década. “Contamos con un GES, cuyo mantenimiento supone un esfuerzo importante”, señala el alcalde, Alfredo García. En Oímbra, donde el fuego ha arrasado 3.100 hectáreas, sí estuvo operativo. “Trabajaron doblando jornada”, dice la regidora, Ana Villarino.
El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) establece que, entre los recursos disponibles para la prevención y extinción, figuran los “medios propios de la administración local”. Un convenio con los concellos activa el procedimiento para la contratación de efectivos: son trabajadores temporales contra el fuego, durante tres meses. Cada brigada está compuesta de cinco efectivos, aunque algunos ayuntamientos con mayor riesgo de incendio disponen de dos.
La extinción es una tarea de conjunto. El operativo está bajo mando único de la Xunta pero, en algunas emergencias, pueden llegar a coincidir efectivos y medios del Gobierno –por ejemplo, la única BRIF gallega, con base en Laza– de los ayuntamientos, los parques comarcales y municipales de bomberos, los GES y los profesionales de los medios aéreos, además del personal propio del servicio gallego de prevención y extinción.
En la campaña de riesgo más elevado, que se extiende en principio desde el 1 de julio al 30 de septiembre, Ourense es el territorio con más efectivos: 1.582 trabajadores en la época más peligrosa, más que los 1.443 de Lugo, los 1.081 de Pontevedra y los 1.288 de A Coruña.
La situación ideal es que las brigadas locales estuvieran en marcha ya el 1 de julio, desde el inicio de la campaña de riesgo alto. Pero el proceso administrativo tiene sus plazos y una buena parte no llegan a tiempo. Muchos dispondrán del grupo de protección avanzada la crisis del fuego.
El convenio establece que el comienzo de la operatividad de las brigadas tendrá lugar en julio, si bien la comisión de seguimiento, por causas motivadas, “poderá autorizar o adiamento da data de inicio”.
"Es un problema como el de la falta de socorristas para las piscinas municipales. El convenio exige requisitos y titulación para los que no hay gente suficiente. Además, empresas públicas como Tragsa y Seaga ofrecen empleos más generosos"
Según la Consellería do Medio Rural, “coa autorización da comisión de seguimento, e para estar os tres meses, o día tope en que podería comezar unha brigada sería o 16 de agosto, tendo en conta que así remataría o 15 de novembro, e ese mesmo día debería presentar a documentación xustificativa”, la fecha límite para la presentación de la documentación, según el convenio.
En las últimas semanas, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado anuncios con las convocatorias de personal efectuados por distintos concellos ourensanos. Entre el plazo para las solicitudes, la elección de los integrantes, las pruebas físicas, la acreditación de un buen estado médico y el curso práctico se han consumido los días. Muchos concellos se encuentran con un problema: la falta de candidatos disponibles para ejercer como capataz, el jefe de la brigada.
“Deberían abrir el requisito de capacitación también a técnico agrícola, no solo forestal”
“Es un problema similar a lo que ocurre con la falta de personal para disponer de socorrista para las piscinas municipales. El convenio es un poco estricto y exige una serie de requisitos y titulación para los que no hay gente suficiente. Además, empresas públicas como Tragsa y Seaga, a las que la Xunta encarga trabajos, ofrecen empleos más generosos, tanto desde el punto de vista económico como de duración del contrato”, indica Plácido Álvarez, el alcalde de Muíños, cuyas dos brigadas empezarán el día 1 de agosto.
Coinciden los regidores de Cartelle, Jaime Sousa, y de Baños de Molgas, Xaime Iglesias, que aún no tienen la brigada activa. “Deberían abrir el requisito de capacitación también a técnico agrícola, no solo forestal”, cree este último. El primero prevé que los operarios comiencen la próxima semana.
En Vilardevós estará operativa el día 31, afirma el regidor. “En pocos días”, en Calvos, apunta su homólogo. Montederramo tendrá dos brigadas y una motobomba desde el día 26, según el alcalde.
En Vilariño de Conso y en Sarreaus esperan contar con sus medios de defensa a principios de agosto. En Pereiro de Aguiar hay una operativa desde el jueves. Han solicitado una segunda. Melón y Baltar, con dos brigadas cada concello, cuentan con que estén trabajando ya la próxima semana. En Leiro, el PSOE culpa al gobierno local del PP de la falta de brigada este año.
Lobios, Muíños, O Barco, Maceda, A Veiga, Ribadavia, Avión, Castro Caldelas, Laza, A Gudiña y Pereiro disponen de GES, que colaboran en atajar los incendios forestales cuando hay riesgo para vidas o casas, pero además deben hacer frente a más emergencias, como siniestros de tráfico, incendios urbanos o rescates.
