Dos hombres, J. J. y A. S., se han conformado con una condena por un violento altercado que protagonizaron en el hospital de Verín, el 22 de junio de 2019, cuando acompañaban a un familiar que necesitaba asistencia médica y que querían que fuera atendido.
Aceptan una multa de 120 euros por un delito leve de daños, otra de 720 euros por seis delitos leves de lesiones más 6 meses de prisión por un delito de atentado. Esta última pena queda suspendida y no tendrá efectos prácticos, pero la condición es que los encausados no pueden volver a delinquir en un plazo de dos años.
Una celadora colocó al paciente en una silla de ruedas y lo llevó al servicio de admisión, para el registro de entrada en el centro. La trabajadora solicitó la cartilla sanitaria, para poder llevar a cabo el trámite. Como los familiares no la llevaban, les pidió los datos de identidad y la fecha de nacimiento. En ese momento, según se considera probado con la sentencia de conformidad, los encausados empezaron a ponerse agresivos, con intención de intimidar al personal.
Golpearon la ventanilla de la oficina de admisiones, provocando que una lámina plástica provisional, instalada a modo de cristal, se doblara hacia la celadora y golpeara el monitor de un ordenador, que quedó destrozado. El valor de la pantalla era de 129 euros. Los dos acusados tienen que asumir el pago. La celadora no sufrió heridas porque fue retirada hacia atrás por una compañera, que también fue testigo de la situación violenta.
En una consulta cercana a la ventanilla de admisión, se encontraba un enfermero que, al escuchar el ruido, salió al pasillo para comprobar qué estaba sucediendo. El profesional sugirió a sus compañeras de admisión que alertaran a los vigilantes de seguridad. Los acusados le dijeron quién era él para llamar a la Guardia Civil y lo amenazaron con que le iban a cortar el cuello con un cuchillo. Durante esta escena también estaba presente una médica que se vio afectada igualmente por la agresividad de los hombres.
Los encausados y el paciente que querían que fuera atendido entraron en el servicio de urgencias del hospital, donde se encontraron con un enfermero que, al oírlos, se levantó de su lugar de trabajo para ver qué sucedía. Al comprobarlo pidió que alguien llamara a la Guardia Civil. Los acusados, en especial uno de ellos, amenazaron de muerte al sanitario, al tiempo que ese encausado levantaba el puño hacia él. No se consumó la agresión gracias a un vigilante de seguridad que empujó al autor. De estos hechos también hubo más testigos, una médica del servicio.
Varias víctimas necesitaron fármacos para poder dormir
La sentencia de conformidad considera acreditado que los dos hombres generaron con su conducta “una situación de violencia generalizada contra el personal que ese día se encontraba de servicio”. Los trabajadores sanitarios afectados sufrieron ansiedad y bajas laborales como consecuencia del estrés que vivieron.
A una de las víctimas le diagnosticaron un síndrome de ansiedad, estuvo de baja y necesitó tomar tranquilizantes para poder dormir. Esta perjudicada renunció a la indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos.
Otra profesional también sufrió ansiedad y necesitó medicación para dormir varios días. De igual manera que el resto de los compañeros afectados por la violencia de los encausados, no ha querido reclamar ninguna indemnización. Uno de los perjudicados sufrió un trastorno ansioso-depresivo reactivo. Otra víctima, una crisis de ansiedad, por la que tuvo que tomar tranquilizantes para conciliar el sueño.
A otro profesional afectado por los hechos le diagnosticaron un trastorno de ansiedad. Otra perjudicada sufrió un estado de ansiedad y necesitó tranquilizantes durante dos semanas. Todas las víctimas eran personal del Sergas, que se ha personado en la causa a través de un abogado de la Xunta de Galicia. Las dos acusaciones públicas –Fiscalía y administración gallega– y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad, al que dieron el visto bueno los acusados en el acto del juicio, programado para ayer en el Penal 1 de Ourense.
El acuerdo permite saldar estos hechos con una condena, a la vez que los encausados reciben una pena inferior a la que se enfrentaban inicialmente. La Fiscalía solicitaba unas multas más elevadas por el delito leve de daños –720 euros– y por los seis delitos leves de lesiones –4.320 euros–, así como una pena de prisión superior por el delito de atentado (un año y seis meses).
Se mantiene en los mismos términos la solicitud de responsabilidad civil. Los encausados deben indemnizar al Sergas con 129 euros –más los intereses legales generados–, el importe de los daños causados en el monitor de un ordenador.
