La víctima relata reiteradas violaciones desde que era adolescente y el acusado, que era pareja de su madre, solo reconoce tres encuentros sexuales que él califica como consentidos y cuando ella era mayor de edad. La versión de la denunciante, según el Instituto de Medicina Legal (Imelga), es coherente y creíble, pero la defensa, que solicita la libre absolución, sostiene que dos peritos del hospital no pueden determinar con garantías que su relato sea veraz.
La Fiscalía no tiene dudas y solicita una condena de 14 años de prisión y 100.000 euros de indemnización por daños y perjuicios. Por un delito continuado de agresión sexual, la acusación particular, que destaca que la víctima ha mantenido con precisión “hechos y fechas” en todas sus declaraciones, eleva la solicitud a 15 años de cárcel, una orden de alejamiento a un mínimo de 500 metros durante el tiempo que dure la condena y medidas civiles relacionadas con el hijo de la víctima y del acusado, que nació cuando ella tenía 20 años. Cuando aún era menor, tuvo un embarazo que no fue a término y la paternidad no quedó acreditada.
Según la víctima, empezó a sufrir violaciones en marzo de 2010. En aquel momento, tenía 15 años y vivía en Ourense con su madre y la pareja de esta, el acusado. Dos tardes a la semana, él iba a recogerla al instituto, a la finalización de una actividad extraescolar. La primera agresión sexual ocurrió presuntamente cuando, en uno de los trayectos a casa, desvió y detuvo el coche en una zona apartada, abalanzándose sobre la adolescente e intentando violarla. Ante los gritos de la víctima, el acusado le exigió que no dijera nada a la madre, atemorizándola, según expone la Fiscalía en su escrito de calificación.
Abandono del colegio
La próxima ocasión en la que ocurrió lo mismo, la agresión sexual se consumó, con la oposición de la adolescente, según su manifestación. Estos hechos se sucedieron en el tiempo en varias ocasiones, según las acusaciones. La víctima ocultó qué ocurría, “ante las amenazas y situación frente a la que se encontraba respecto del acusado”, señala el ministerio público. La joven dejó la actividad extraescolar para evitar que el encausado fuera a buscarla.
Pero antes de que cumpliera los 16 años, el acusado volvió presuntamente a cometer las mismas conductas delictivas, abordándola cuando estaban solos, en el domicilio en el que convivían o en el de la madre del acusado. En ese entorno la víctima sufrió varias agresiones sexuales, siempre con su negativa y siendo incluso “forzada con empleo de la fuerza por parte del acusado, quien le agarraba fuertemente por el cuello”, según la Fiscalía, siendo la adolescente “incapaz por sus circunstancias de contar lo que le estaba pasando”.
En el año 2011, la víctima y la madre cambiaron de residencia por desavenencias de esta última con el presunto violador. De acuerdo a la versión de las acusaciones, el hombre intentaba visitarla cuando la menor estaba sola para intentar tener relaciones sexuales, sin conseguirlo. Cuando el encausado y la madre se reconciliaron y volvieron a vivir juntos, él presuntamente reanudó sus ataques sexuales a la entonces menor. Según la Fiscalía, tras tanta reiteración, llegó un momento “en que decide dejar de resistirse porque entiende que el acusado iba a hacer lo que quisiera igualmente, y de esta forma duraba menos el tiempo del abuso”.
Con 17 años, continúan las acusaciones, la adolescente inició una relación con un chico de su edad, pero el acusado mantenía presuntamente relaciones no consentidas contra su voluntad, obligándola por ejemplo a acceder al sexo para que le permitiera salir de noche. La joven se quedó embarazada pero sufrió un aborto sin que se haya determinado quién era el padre. Su novio, según la Fiscalía, se alejó “porque el acusado le dice que lo va a denunciar y va a ir a la cárcel por dejar embarazada a una menor”.
La víctima manifiesta que los ataques sexuales continuaron con frecuencia durante los años 2015 y 2016. La joven se quedó embarazada y dio a luz a un niño al que el acusado admite como su hijo, ya antes de hacerse las pruebas de paternidad, indica la Fiscalía.
Temía por una hermana
Entre el nacimiento y el año 2019, cuando se produjo la denuncia, el encausado amenazaba presuntamente a la víctima, diciéndole que si no era por su ayuda perdería a su hijo. La joven se marchó a su país para alejarse, pero tuvo que regresar a los pocos meses, y ese presunto acoso continuó, a base de llamadas y mensajes que acabaron motivando la denuncia. También pesó para la víctima el temor a que una hermana, fruto de la relación de su madre y el acusado, pudiera ser ella también víctima por su convivencia con el presunto violador.
A consecuencia de los citados hechos, la víctima presenta un cuadro de estrés postraumático compatible con un abuso sexual continuado desde la minoría de edad, como expusieron los peritos ayer en el juicio, que se celebró a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ourense. Las acusaciones inciden en que la versión de la denunciante fue calificada como coherente, persistente y creíble por parte del perito forense del Imelga. La defensa ve contradicciones.
El acusado permanece en libertad provisional y no ha llegado a estar en prisión por esta causa. La defensa sostiene que, desde la primera declaración del varón en la fase de instrucción, este negó los hechos y solo reconoció tres relacione sexuales consentidas, cuando la joven ya era mayor de edad.
El letrado considera que no existen corroboraciones periféricas a la versión de la víctima que desvirtúen la presunción de inocencia. El defensor también incidió ante el tribunal en que, hasta una semana antes de la denuncia, la joven y el encausado también tenían relación y él continuaba viendo al hijo en común.
