La Fiscalía Provincial de Ourense emitió un decreto en el que archiva las diligencias informativas iniciadas después de una denuncia anónima el pasado 14 de octubre de 2020 conta el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por la anulación del sistema de bolardos en el centro histórico de Ourense en febrero del año pasado.
Según apuntan en un comunicado, el escrito de la Fiscalía recoge que "no hay indicios suficientes de la existencia de un delito de malversación de caudales públicos". En la resolución se decreta que, por más que la actuación del alcalde non esté sujeta al procedimiento "utilizando la vía del hecho", difícilmente podría calificarse desde el punto de vista penal su decisión de arbitraria cuando no existe advertencia ni reparo del secretario y está fundamentada en los daños materiales a vehículos y personales a viandantes.
El supuesto grave perjuicio patrimonial, concluye, "no constituye un ilícito penal sino un supuesto de responsabilidad patrimonial del Concello".
