La denuncia anónima –escrita a ordenador– que llegó por correo a la Fiscalía de Ourense sigue generando actuaciones por parte de la fiscala jefa de la provincia, Eva Regueiro, en el marco de las diligencias de investigación que está tramitando para determinar si el alcalde, Gonzalo Jácome, cometió los presuntos delitos de prevaricación y malversación que observa el denunciante no identificado, por ordenar la bajada de los bolardos en el casco histórico. Tras la declaración hace más de una semana del regidor en el despacho de la fiscal, en calidad de investigado y con la asistencia de una de las abogadas de la asesoría jurídica del Concello, el ministerio público cumple con su deber de averiguar toda denuncia que no sea genérica, y sigue recabando información.
En las diligencias abiertas consta documentación remitida por el secretario de la administración local, así como un informe de la Policía Local sobre la bajada de los bolardos, que el alcalde decidió hace un año, escenificando el momento el 26 de febrero de 2020 ante los medios de comunicación, para cumplir una de las promesas de Democracia Ourensana, la de poner fin a los “bolardos asesinos”.
El alcalde: “Jamás volvería a instalar los bolardos, porque es un sistema atroz, son asesinos. Hemos tenido el valor de quitarlos y evitado 80 desgracias al año, una media de 1,6 a la semana. Decenas de personas se han roto las piernas o la cadera"
La supresión de estos elementos que bloqueaban el paso, salvo para el acceso para carga y descarga o los residentes, ha dado lugar a un incremento de la circulación y los estacionamientos inadecuados en la zona antigua de la ciudad. El malestar de los vecinos del casco histórico va en aumento. El pleno de Ourense debatió ayer una moción del BNG, y 24 de los 27 ediles votaron a favor de retomar el control de acceso.
Jácome: “Es un sistema atroz”
El alcalde afirma que “hemos tenido el valor de quitarlos y evitado 80 desgracias al año, una media de 1,6 a la semana. Decenas de personas se han roto las piernas o la cadera por los bolardos”. Jácome cifra en 1.500 el número de incidentes. Asegura que la decisión de bajarlos fue motivada y sopesada, y que se habilitará un sistema de cámaras, sin que en este periodo la Policía Local haya dejado de vigilar y sancionar. “Se han puesto 400 multas por accesos prohibidos en un año”. El alcalde asegura que nadie avisó de ilegalidad y no hay informes en contra. “Se pasan por el forro la presunción de inocencia”, reprochó a la oposición. “Jamás volvería a instalar los bolardos, porque es un sistema atroz, son asesinos”.
La fiscala jefa espera un último oficio para resolver si presenta denuncia en el juzgado o sobresee.
