Las diligencias 4548 / 2009 de Instrucción 1 de Ourense acogieron la investigación del mayor vertido tóxico registrado en el río Barbaña, un afluente del Miño castigado por sucesivos episodios contaminantes que las inversiones de los últimos años aún no han frenado del todo. En junio de 2009, un derrame industrial que no fue contenido por la depuradora de San Cibrao das Viñas causó una devastación de flora y fauna a lo largo de un tramo de 5 kilómetros, entre la planta de tratamiento y la desembocadura del afluente, bajo el puente del Milenio. Murieron 17.000 peces. Nunca se localizó a la empresa responsable. En julio, más de 8 años después de los hechos, cuatro técnicos de la empresa encargada de gestionar la depuradora, Espina y Delfín S. L., se sentarán en el banquillo del juzgado de lo Penal 2 de Ourense, como autores de un presunto delito contra el medio ambiente por imprudencia.

Se han reservado los días 10 (declaración de acusados y testigos), 11 (peritos) y 12 (por si en la jornada anterior no da tiempo a las conclusiones e informes). La Fiscalía solicita 3 años de prisión y 27.000 euros para cada acusado, así como el pago de 227.000 euros, en conjunto con la empresa, para restaurar los daños. El Concello de San Cibrao, propietario de la depuradora, sería el responsable civil subsidiario. Además están personadas como acusación la Abogacía del Estado y la plataforma "Ríos Limpios", que en 2009 denunció los hechos a través de las asociaciones vecinales "San Breixo de Seixalbo", "Encontros" y "Barbaña".

La acusación popular, que llegó a plantear la posibilidad de resolver la causa con una mediación penal, solicita 3 años y 4 meses prisión más multa de 36.000 euros para los 4 técnicos, pero además cuestiona la idoneidad de la EDAR ante el continuo de episodios tóxicos. La juez quiere que la sentencia decrete "la desconexión a la EDAR de los vertidos de aguas residuales industriales de los polígonos industriales de San Cibrao das Viñas, Barreiros, Pereiro de Aguiar y el Parque Tecnolóxico de Galicia", hasta que la depuradora "no sea dotada de un sistema complementario de depuración que permita tratar sin consecuencias nocivas para el medio ambiente". Con posterioridad a los vertidos de junio de 2009 constan denuncias por más episodios, en 2009, 2010, 2012 y 2013, "en los que la depuradora tampoco fue capaz de paliarlos".

No se frenó en la depuradora

En 2009, la depuradora carecía de un conductivímetro, que habría frenado el vertido, pese a que estaba obligada a tenerlo tal y como establecía el permiso de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La contaminación se habría evitado con ese sistema y activando el "tanque-pulmón" (para eliminar el tóxico con sosa en un proceso físico-químico). La fiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, argumenta que los acusados, como responsables de la concreta gestión y explotación de la planta, concebida para tratar vertidos no solo de núcleos poblaciones sino de polígonos industriales, "sabían que en la misma se recibía un caudal de agua procedente de aguas industriales de contenido altamente contaminante que no podían ser tratado adecuadamente ni neutralizado en el proceso biológico de la EDAR".

El 24 de junio de 2009 la EDAR recibió un vertido cuyo origen sigue siendo un misterio, de naturaleza ácida, con elevada concentración de metales pesados como boro, aluminio, cromo, magnesio, hierro níquel, cobre, zinc, cadmio y cobalto. La contaminación disparó la concentración de aceites, grasas y metales pesados El nivel de hierro era hasta 28 veces mayor. El de cobre, 120 veces por encima de lo normal, y el de zinc, 200 veces superior a los valores aconsejados. No se desvió al "tanque-pulmón", volviendo el tóxico al río y extendiéndose por 5 kilómetros. Causó la muerte de 17.103 peces -incluidas especies vulnerables- y otros daños en el ecosistema (se vieron afectadas un total de 5,6 hectáreas).