Cuatro años de prisión pide la fiscal para 3 acusados a los que atribuye el delito de grupo criminal y otro continuado de falsedad en documento oficial, con el supuesto fin de regularizar a personas extranjeras. Entre los encausados está una letrada que en el juicio tendrá un papel doble: el de sospechosa y el de abogada, ya que se defiende a sí misma. En caso de condena sería inhabilitada para su ejercicio profesional. La Fiscalía atribuye a la profesional Derecho el liderazgo del grupo. Ella niega los delitos.
La vista se celebra desde esta mañana en el Penal 1 de Ourense. La fiscal acusa a la abogada E. D. T., de 58 años, a F. J. S. F., de 50, así como a F. P. C., de 48. Hay una cuarta sospechosa de los hechos, K. D. C. C., de 31 años, pero el juicio se celebrará sin ella porque está en paradero desconocido y ha sido declarada en rebeldía por el juzgado. La vista iba a comenzar ayer con el interrogatorio a los sospechosos, pero no fue posible porque F. P. C. está en prisión desde el viernes para cumplir una condena de drogas, y el centro penitenciario no fue informado de que tenía que trasladarlo ayer al banquillo del Penal 1.
La Fiscalía cree que todos los acusados formaban "un grupo organizado" en el que se distribuían funciones para obtener la regularización de ciudadanas extranjeras en situación irregular, previo pago de una cantidad. Presuntamente, captaron a nacionales en una situación precaria desde el punto de vista económico, a quienes hacían entregas de cantidades que oscilaban entre los 1.500 y 3.000 euros, a cambio de que se inscribieran como pareja de hecho de personas extranjeras que estaban en situación irregular, haciéndoles creer que el trámite era legal y no les ocasionaría ningún perjuicio.
Según el ministerio público, una vez captados los nacionales se les daba instrucciones para que se empadronasen con las personas foráneas y adoptaran comportamientos que dieran apariencia de un enlace real. Una vez obtenido el empadronamiento y la inscripción como pareja de hecho, se tramitaba ante la Subdelegación del Gobierno la solicitud de residencia para obtener la tarjeta de familiar de residente comunitario.
La Policía de Extranjería y la fiscal sostienen que la abogada era la líder del grupo y se encargaba de tramitar el papeleo, dar las instrucciones sobre la tramitación y conducta que debían llevar las parejas, así como colaborando presuntamente en la presentación de parejas y en la elaboración de los distintos trámites. En muchos expedientes constaba como domicilio a efectos de notificación el de su despacho, así como su teléfono de contacto. Según la fiscal, además verificaba los pagos a los españoles.
Captadas en prostíbulos
Los otros implicados presuntamente captaban a los nacionales y las extranjeras, haciendo creer que el trámite sería legal. La mayoría de foráneas eran dominicanas, sin medios de vida y que entraron a España en calidad de turista. Algunas fueron captadas en prostíbulos o a través del despacho cuando solicitan otros servicios, afirma Fiscalía. Presuntamente, la trama operó durante unos dos años. Desde enero de 2011 hasta agosto de 2012 fueron presentadas un 35 solicitudes.
Hoy está prevista el interrogatorio a los 3 acusados presentes, así como la declaración de los policías de Extranjería y otros testigos.
