UGT, que ha presentado varios escritos en el Ayuntamiento sobre la reforma del Pazo de Xustiza, emplaza a los grupos políticos de la oposición en el Concello de Ourense y el Parlamento de Galicia "para que ejerzan el control" sobre la Xunta y el gobierno local. "También vamos a pedir la exhibición y entrega de todo el expediente a fin de comprobar si la Xunta ha cumplido con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", explica el responsable de UGT-Justicia, Manuel Carvajal. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015) establece que los expedientes se resuelven por orden de entrada, "pero supongo que antes de este habría otros expedientes pendientes".

Además, el sindicato, tras no obtener respuesta de la Consellería de Xustiza, registró ayer un escrito en el que solicita al Consejo General del Poder Judicial "copia del informe que es preceptivo emitir cuando se trata de un inmueble de carácter judicial" cuando se prevé un cambio de uso en el edificio, tal como establece un acuerdo del pleno del CGPJ de julio de 2000: "La afectación y desafectación de un inmueble a funciones judiciales será previamente comunicada al Consejo General del Poder Judicial por la administración competente. La modificación de la afectación de un edificio judicial o de alguna de sus partes a órganos o actividades judiciales determinadas no podrá hacerse sin el Acuerdo de la Sala de Gobierno y de la Administración competente a la que corresponda la titularidad del inmueble. En caso de discrepancia, el asunto será examinado por la Comisión Mixta correspondiente, que formulará las propuestas que estime oportunas".