El servicio de Intervención de la Diputación Provincial revela en su informe del pasado 27 de junio un incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016 cifrado en 605.226,69 euros. Es la primera vez que esta situación se produce en la institución provincial y el grupo de gobierno asegura que se resolverá en 2018 a través de la fórmula del expediente de modificación de crédito. La propia Intervención incluye en su informe una propuesta de medidas para alcanzar este objetivo que se ha traducido en el obligado plan económico financiero que la Presidencia presentó ayer a los grupos de la oposición en la comisión informativa de Facenda.
El informe, firmado por la Interventora Xeral, Mónica Legaspi, fue explicado por el jefe del servicio, Xosé Mosquera, que también indicó a modo tranquilizador que el incumplimiento detectado no reproduce una situación de insolvencia económica en la Diputación, "no tiene nada que ver con eso, es un parámetro que no se cumple", aclaró. El documento establece, en todo caso, que el incumplimiento total se eleva a 1.554.427 euros, si bien el importe consolidado incorpora también el del consorcio de extinción de incendios y salvamento, que se eleva a 949.22,87 euros. Esta cantidad, en cambio, no es computable porque dicho ente no existía en el año precedente, de forma que resta sobre el incumplimiento, con un resultado final de 605.226,69 euros.
Tal y como recoge la interventora en su informe, este incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016 está provocado "por las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, que se ejecutan a partir de modificaciones presupuestarias". La cuenta general del ejercicio pasado, que también fue presentada ayer en la comisión informativa, cifra en 28,1 millones de euros el presupuesto añadido por modificaciones sobre el proyecto inicial, de 77,7 millones. El presupuesto definitivo en 2016 ascendió, por lo tanto, a 105,8 millones de euros.
Las medidas propuestas por la interventora incluidas en el plan económico financiero que el grupo de gobierno, a propuesta el presidente José Manuel Baltar, llevará al pleno del próximo viernes, implica que los gastos superiores a 2.000 euros deberán ser tramitados con la correspondiente propuesta de gastos firmada por el jefe o responsable de la unidad gestora.
En segundo lugar, el plan se refiere a la amortización anticipada de la deuda que cada año se realiza a cuenta del remanente de tesorería. En 2016, en el que se incumplió la regla de gasto, dicha amortización se elevó a casi seis millones de euros (5.987.464,53 euros). Dado que el capítulo de pasivos financieros no influye en este parámetro de sostenibilidad presupuestaria, una "medida de ahorro forzosa", dice el plan económico, "será emplear el mismo importe más 605.226,69 euros, que es justo el incumplimiento de la regla". También especifica esta propuesta que el 50% de la cuantía de la modificación de crédito que no se destine a amortizar deuda tendrá que dedicarse a inversiones financieramente sostenibles.
El plan fue dictaminado con los votos a favor del PP y la reserva de PSOE, DO y BNG.
