Las diferencias entre el gobierno municipal y propietarios de terrenos en As Burgas sobre el futuro de las expropiaciones que se llevaron a cabo se pusieron de manifiesto después de que el Tribunal superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase el Plan Especial de protección de esa zona de la ciudad, y que está pendiente de la decisión que adopte el Concello de si recurre en casación ante el Tribunal Supremo.
Después de que el alto tribunal gallego tumbase el plan especial de As Burgas, el expediente de expropiación queda sin efecto, al igual que el estudio de detalle para el desarrollo de proyectos, ambos también recurrido en la vía judicial. Por lo que ahora se plantea cuál será la hoja de ruta a seguir en lo que se refiere a las indemnizaciones.
El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, alude a que están pendientes de resolución los recursos sobre las expropiaciones ante el Jurado de Expropiación de Galicia. Entiende que se trata "de un parámetro importante de cara a las futuras indemnizaciones", y que marcarán un punto de referencia en la negociación con los titulares de los terrenos.
El que puso en marcha el anterior gobierno municipal, a través de un procedimiento de expropiación directa "sin ningún tipo de negociación", indica el edil, con los titulares de las parcelas, fijaba una cuantía global para todas de algo más de 1,6 millones de euros. Es por eso que el responsable del área de Urbanismo señala la disposición de "aceptar" lo que resuelva el Jurado de Expropiación de Galicia, sin que eso suponga que no se pueda mantener una negociación.
Dictamen judicial
Frente a ese planteamiento del gobierno municipal, a través de su edil de Urbanismo, el letrado de los propietarios de una parcela, que había presentado el recurso ante el TSXG que tumbó el plan especial, Antonio Feijóo, discrepa. Advierte que una vez que el expediente de expropiación "es nulo", el tema de las indemnizaciones debe seguir un procedimiento judicial específico, y que deberá estar marcado por el dictamen de un perito.
Feijóo hace referencia al valor urbanístico de las parcelas expropiadas, así como las características de cada una de ellas, en alusión a la que concierne a los propietarios que representa, con una licencia para la construcción de un edificio de cinco plantas.
Pero más allá de cualquier tipo de planteamiento que se pueda hacer en estos momentos, Antonio Feijóo insiste en que "lo primero es saber la decisión del gobierno municipal", en el sentido de si finalmente recurre la sentencia del alto tribunal gallego ante el Supremo, ya que de hacerlo "todo cambiaría de forma sustancial".
Una cuestión sobre la que Cudeiro asegura a FARO que "estamos pendientes de los informes técnicos y jurídicos para tomar una decisión", aunque reconoce "los fundamentos claros y contundentes" de la sentencia del TSXG que anula el plan especial de protección de As Burgas.
Sobre esta cuestión, Feijóo tiene claro que de recurrir en casación, el gobierno popular deberá explicar a los ciudadanos "el incremento de los gastos" que eso supondrá para las arcas municipales, así como en las reclamaciones por indemnizaciones.
