La construcción de estos centros, concluye Silvia Fernández, "se realizó más por moda que por necesidad" y el resultado es que, salvo excepciones+, los centros adolecen de falta de planificación. Muchas veces las inversiones se centraron en el edificio y el compromiso político "hasta el día de la inauguración". Esta fecha, apunta, "marcó el principio y el fin de un buen número de centros mientras otros fueron sobreviviendo con recursos mínimos y gracias al esfuerzo de los técnicos".
Las "demoledoras conclusiones" a las que llega este estudio, según las define la propia autora, se acompañan de una reflexión final para tratar de reconducir la situación. Una solución que "no es fácil" porque el sistema está "viciado", apunta, ya que la problemática, en muchos casos, "radica esencialmente en su existencia". Para Silvia Fernández, la fórmula de gestión público-privada podría acercarse a la "idoneidad". Pero no tanto a través de una concesión pública, sino con "soluciones que impliquen a las comunidades locales, siempre que se acredite su solvencia técnica para asumir esta responsabilidad". Las administraciones, dice, son las que deben velar por la conservación del patrimonio y promocionarlo, pero es el sector privado (empresas y entes sociales como principales beneficiarios de la dinamización del patrimonio), quien puede asumir su gestión mediante fórmulas jurídicas adecuadas. Sugiere la posibilidad de un reparto de roles entre la administración y la sociedad en el que ambas salen beneficiadas. Sin embargo, la custodia "efectiva" de estos centros necesita recursos económicos por lo que es necesario "buscar una viabilidad financiera mínima".
