El Tribunal Superior de Xustiza investigará por presunta falsedad documental y estafa a la diputada ourensana del PSdeG-PSOE, María del Carmen Acuña. El TSXG asume la instrucción previa realizada por una juez de O Barco, ya ha abierto diligencias -las 21 / 2015- y nombrado instructor a uno de los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal. La primera magistrada remitió una exposición razonada a la alta instancia tras el informe de la Fiscalía. En una resolución fechada este martes -aún no es firme-, el Superior acepta la competencia, que le compete al tratarse de una parlamentaria, e incoa sumario como paso previo a tomarle declaración en calidad de investigada (el término que sustituirá al de imputado a partir del 6 de diciembre). Fuentes del caso apuntan a que el acto puede aplazarse a después de las generales por cuestiones de agenda, separando a su vez el foco judicial del político.
El caso se deriva de un presunto engaño bancario por parte de Acuña y otra mujer, T. M. B., que llegó a la vía penal tras una querella de la entidad, el Santander, en el año 2010. La parlamentaria autonómica avaló en un préstamo a una amiga. Tras varios impagos y un acuerdo fallido con la entidad, presuntamente habrían falseado justificantes de ingreso para aparentar que cumplían con las letras. Según la exposición de los hechos que la magistrada de O Barco remitió el mes pasado al Tribunal Superior, "la finalidad que se pretendía conseguir es a todas luces fácil de entender: producir un engaño al banco para que tuviera esas cuotas como pagadas y así no abonarlas ellas, una como obligada principal y la otra como solidaria". A criterio de la instructora, los hechos "encajan plenamente" con un presunto delito de falsedad documental y estafa, "si bien en grado de tentativa puesto que no llegan a conseguir su finalidad". Acuña y la particular "eran o podían ser beneficiadas en el caso de que el banco no se hubiera percatado".
La investigación lleva meses sin avances hasta que se resolviera la cuestión de competencia, con el objetivo de evitar nulidades. En enero, la Fiscalía tomó la iniciativa de recurrir para que se hiciera constar el aforamiento. El pasado mes de marzo, el Parlamento de Galicia certificó que la ourensana Carmen Acuña, licenciada en Medicina y con 20 años de ejercicio en el hospital de Valdeorras, es diputada del PSdeG, en el que milita desde 1986. La entidad desistió después de esa comunicación.
La juez de O Barco remitió en junio las actuaciones al Tribunal Superior de Xustiza, como órgano competente para continuar la instrucción y juzgar los hechos. El TSXG contestó pidiendo que se le pormenorizaran los hechos para adoptar una decisión. El 2 de octubre, la juez de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de O Barco de Valdeorras, Nuria Valladares, remitió una explicación razonada dirigida a la Sala de lo Civil y Penal.
La parlamentaria, personada
Con fecha 19 de octubre, la parlamentaria socialista ejerció la personación en la causa del TSXG a través de una procuradora. La Sala dio de nuevo traslado a la Fiscalía para que se pronunciase sobre la competencia de la investigación de la aforada, y así lo ratificó.
El TSXG razona de la siguiente manera la admisión a trámite del caso: "De lo expuesto en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción Número Dos de O Barco de Valdeorras, y de lo informado por el Ministerio Fiscal, se desprende, sin perjuicio de posterior calificación si fuere el caso, la posible comisión de un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de estafa del art. 248 del mismo texto legal, por parte de doña María del Carmen Acuña Docampo, diputada del Parlamento de Galicia". Además, también se encargará de seguir la instrucción contra T. M. B. "por razón de no romper la continencia de la causa", tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Casualmente, la particular era juzgada ayer ante la Audiencia de Ourense por otro caso, una presunta insolvencia punible.
El TSXG hace suyos los postulados a los que llegó la magistrada de O Barco: "Dicha posible comisión delictual deviene en origen de una querella criminal formulada contra las antedichas por el Banco de Santander, a raíz de que en sendos juicios monitorios formulados contra las mismas, la señora M. B. como contratante de un arrendamiento financiero y una póliza de crédito a título individual, y la señora. Acuña Docampo, como avalista solidaria del primero de los contratos, se hubiesen presentado por parte de las querelladas documentos en potencia fraudulentos en perjuicio de la entidad".
Antes de la querella que obligará a la parlamentaria a dar explicaciones ante el alto tribunal, hubo reuniones con el banco y una vía civil. La particular suscribió un contrato de préstamo con el banco. Acuña aparecía como avalista solidaria. Como consecuencia de varios incumplimientos de las cuotas, y tras varias conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, el banco instó dos procedimientos para reclamar las cantidades sin cobrar.
Según la instructora, las dos mujeres se opusieron a los pleitos, negando que fueran deudoras. Para ello aportaron una documentación justificativa del pago de diversas cuotas, pero que "a la postre se evidenció falsa, como mecanismo para eludir sus obligaciones". Los papeles levantaron las sospechas de los empleados de la entidad financiera. Eran presuntamente "una falsificación por reproducción o fotocopia de un documento indubitado y sustitución de un número por otro". Así lo determinaron los expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. "Ante un justificante verdadero del pago de una cuota", explicó la magistrada de O Barco, "cambiaban el número del mes para dar una apariencia de autenticidad, y así pretender no pagar diversas cuotas".
Ya declaró como imputada
Las dos mujeres abonaban indistintamente las cuotas mensuales para hacer frente al pago de un leasing. "Los justificantes de ingresos falsos fueron presentados por ambas querelladas en sus respectivas contestaciones". Presuntamente, la particular y la diputada "tenían conocimiento de la deuda, cuestión no negada por ninguna en la declaración en calidad de imputadas, y de que se estaba comenzando un proceso civil para la reclamación de cantidades".
Tras la remisión al TSXG de la exposición razonada, Acuña situó los hechos en un asunto "privado" y dijo sentirse "maltratada". Según manifestaba a FARO, "esto no tiene que ver con mi actividad política, yo solo avalé a una amiga. No he presentado ningún papel ni un sello en ningún sitio; no he presentado ni un sello. Tampoco sé si la persona a la que avalé en su día presentó documentación alguna".
