Una funcionaria emerge bajo una pila de papeles en la mesa. Las carpetas de casos por resolver descollan del tablero, inutilizan las sillas de la oficina, ascienden como columnas desde el suelo, se comprimen en el espacio insuficiente de las estanterías: "Es un problema para las personas y es un problema para los trabajadores y el ritmo de los juzgados. Tenemos que volver a hacerlo todo, llamadas, notificaciones por teléfono y burofax, señalar otra fecha, notificar a los procuradores..." Anegada por procesos que se eternizan, mortecina ante los miles de asuntos pendientes –casi 12.000 al cierre de junio–, la justicia soporta una carga en Ourense que ralentiza todavía más los dilatados tiempos de espera. Casi uno de cada cinco juicios que se programan se suspenden: 2.702 juicios se movieron el año pasado a una fecha posterior y en un número elevado de casos, la decisión se toma en los prolegómenos del comienzo de la vista.
La sala está dispuesta, visten la toga el fiscal, la juez, la secretaria. Los abogados ultiman su quehacer. Los imputados deshojan los minutos de espera. Pero la falta de una pieza funcional interrumpe el sistema. Acuerdos in extremis, bajas laborales, incomparecencias de última hora de testigos y peritos clave, la ausencia del propio encausado, desplazarn un 18% de todos los juicios que pueblan el calendario. Las condenas, urgentes para imponer los castigos penales o resarcir a las víctimas por la vía de lo civil, se pierden en un horizonte borrascoso de varios meses. Los gastos se duplican. La carga de trabajo aumenta.
En una jurisdicción como lo Contencioso Administrativo, con 645 vistas programadas en 2010, solo dos de cada tres pudieron celebrarse el día que estaba planeado. Si bien, aproximadamente la mitad de las vistas que se postergan (1.428) corresponden a aplazamientos en una veintena de sedes de las cabeceras de partidos judiciales, en materia de Primera Instancia e Instrucción. En los tres órganos de lo Social –la estadística no registra la cuarta sede que entró a funcionar en diciembre de 2010–, más de 600 procesos se desplazaron a tiempo después.
"El tiempo que pasamos aquí vale dinero y todavía más para que entres a última hora y te metan prisa, o ni siquiera se celebre juicio por un problema final", opinaba una letraba aguardando un juicio en Menores, anteayer, pasadas las dos.
Los funcionarios admiten la perversión de los aplazamientos en el curso del proceso, y de cómo importunan a diario a ciudadanos e interesados. "Claro que se nos quejan.Hay gente que viene Madrid, o de A Coruña muchas veces, y además cobrando una dieta de desplazamiento de 0,19 euros el kilómetro, que llegan a la puerta del juzgado y ven que no se celebra el juicio", explica una trabajadora del Penal.
El desplazamiento de una vista, aunque a veces se apercibe en la misma sala, provoca una vuelta atrás del trabajo. "Hay que repetir todo el proceso y, además, comprobar en la agenda cuándo hay una fecha libre. A veces pueden pasar meses y ese retraso, por ejemplo, imagínate lo que supone para una persona que está esperando una indemnización", expone otra funcionaria que pide el anonimato. "Da más trabajo. En toda una mañana se pueden cerrar, como mucho, cuatro señalamientos", completa otra.
La secretaria coordinadora provincial, Josefina Diz, diagnostia un problema de eficiencia sin ambages. "Lo derivado de una suspensión cuesta mucho dinero. Hay que pensar que los policías pierden su día de trabajo, en algunos cuerpos municipales perciben dietas, hay que realizar traslados desde los centros penitenciarios, asumir de nuevo el proceso de citación", enumera. Como ejemplo, Diz, añade: "Solo un acuse de recibo, y son cientos, vale cuatro euros. Además, el Servicio Común de Notirficaciones y Embargos –que en 2010 realizó casi 23.000 diligencias fuera de la sede del servicio en la planta baja del Pazo– tiene que asumir de nuevo gastos de desplazamientos", recuerda. No obstante, el coste se ha aminorado con el primer plan de austeridad de la Xunta con el desembarco del PP. En dos años, el gobierno autonómico pagó 160.000 euros en carreras de taxi para trasladar a funcionarios de notificaciones, pero también a agentes judiciales y fiscales. Ahora, los funcionarios usan los vehículos de la flota de la adminstración gallega.
Las suspensiones representan también la alegoría de la burla a la justicia de muchos encausados. Notificaciones al domicilio conocido que llegan devueltas, anuncios vía Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que no surten efecto, e incluso la actuación de las fuerzas de seguridad en las órdenes de busca y captura de los acusados de un delito. "Hay casos típicos en los que te acercas a su domicilio para que recoja la citación y no te abre, aunque sabes que está, y no te queda otra que dejar constancia", relata un agente judicial. Surgen trabas en la responsabilidad de cumplir con la encomienda como la que guió contumaz al soldado Filípies, que en la antigua Grecia recorrió 40 kilómetros –un maratón– hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas. "Puedes recorrer un barrio y entregar 20 citaciones en muy poco tiempo y, al revés, pasarte toda la mañana para localizar a un acusado sin llegar a conseguirlo", concluye.-
El incomodo de las esperas y los aplazamientos trastocan a otros actores enrolados en el sistema judicial. La Comisaría destina una media diaria de hasta seis agentes para custodiar en el Pazo de Xustiza a detenidos y encausados. "Pasan todo el día en el juzgado –en ocasiones hasta el relevo de turno–, y eso implica sacar efectivos de otros servicios", admiten fuentes policiales.
La Xunta tiene las riendas para dar el paso a la justicia 2.0 pero, mientras acumula retrasos la implantanción en la práctica del sistema de notificación telemática Lexnet, desde el servicio forense se recuerda otra petición ya en estudio. "Antes el Instituto Nacional de Toxicología trabajaba dos días y cuatro, los pasaba en juicuios. Ahora ya no. Los forenses pretendemos que todas las citaciones del Imelga se hagan por videconvferencia, incluso desde las consultas", expone el subdirector del servicio en Ourense, Julio Jiménez. El personal, sobre todo de fuera de Ourense, no tendría que desatender valoraciones.
