Un empresario reconoció que estafó dos millones de euros a seis bancos de la provincia, dinero que obtuvo falsificando firmas de más de 40 certificaciones de obra que habían sido expedidas por parte de la Diputación de Ourense entre los años 2000 y 2003. La Audiencia Provincial acogió ayer el juicio contra Jesús Rodríguez, su hermana Monserrat, y su padre Ricardo Rodríguez, también empresarios. La fiscal solicita seis años de prisión para cada uno de ellos, al considerarles autores "de mutuo acuerdo y aprovechando la confianza con distintas entidades bancarias" de sendos delitos continuados de falsedad en documento oficial y de estafa continuado.

En la declaración judicial de ayer, Jesús Rodríguez manifestó que era el gerente y apoderado de las empresas familiares Desnor (Desmontes y Transportes del Norte S.L.) y de Phorgal (Pavimentos y Hormigones Gallegos S.L.), ubicadas en Barbadás y Verín, respectivamente. "Nuestras dos empresas nunca funcionaron bien y había problemas económicos. Había que pagar los salarios a los empleados y todo el material que se compraba, por lo que empecé a falsificar las certificaciones para salvar los negocios".

Con todo detalle

Jesús Rodríguez relató al tribunal con todo detalle, el modus operandi que llevaba a cabo para hacer las falsificaciones. "La Diputación Provincial expedía certificaciones en dos hojas. En la primera figuraba el organismo que aportaba el dinero y por detrás, aparecía un sello. La segunda hoja reflejaba el objeto de la obra, con una valoración mensual".

El empresario siguió explicando que "yo hacía las certificaciones y después escaneaba e imprimía el sello de la Diputación y lo ponía en la segunda hoja. A continuación, la firmaba con mi nombre o con otro cualquiera", firmas que la perito caligráfica, atribuyó al acusado.

Rodríguez dijo que "estos documentos, que parecían reales, los llevaba al banco y ellos ponían otro sello, y finalmente la documentación volvía a la Diputación". El acusado consiguió que los seis bancos a los que llevó las certificaciones, le entregaran el dinero para obras que no se llegaron a ejecutar.

Sin embargo, en 2003, los bancos Zaragozano (ahora Barclays), Popular Español, Español de Crédito, Atlántico, Simeón y el BBVA, (cuyos abogados constituyen las acusaciones particulares) se pusieron en contacto con la Diputación Provincial al detectar que estaban realizando pagos al acusado, dinero que no recibían de la citada institución, que aseguró que dichas certificaciones no habían sido expedidas por el organismo, por lo que la Fiscalía, a instancias de la Diputación y de los bancos, investigó el caso.

"No sabían nada"

En el juicio de ayer, Jesús Rodríguez insistió en que su hermana y su padre "nunca supieron nada de lo que estaba haciendo" y negó que estuvieran presentes en las reuniones que mantuvo con varios directores bancarios. "En esos encuentros en Verín, Ourense y Santiago, nunca se habló de falsificaciones, sólo de la demora en los pagos".