Dignidad y principios

Ceder a las exigencias de Carles Puigdemont plantea problemas serios para un Estado de derecho

Jorge Dezcallar

Jorge Dezcallar

Al margen de que se llegue o no a un acuerdo para la investidura del señor Sánchez, objetivo legítimo y cuyos términos se analizarán en su momento, la peregrinación a Bruselas de Yolanda Díaz para encontrarse con Carles Puigdemont me avergüenza como español y me indigna como ciudadano.

Como español me avergüenza que la vicepresidenta del Gobierno de mi país haya rendido pleitesía a un presunto delincuente, prófugo de la justicia, que intentó dar un golpe de Estado aunque en el último momento le temblara el pulso.

Como ciudadano de una democracia me indigna que la vicepresidenta del Gobierno deje por los suelos a nuestra justicia, que ha pedido la extradición del prófugo, y se fume un puro con la Constitución y nuestras leyes, con los políticos que aplicaron el 155, y con la labor de las Fuerzas de Seguridad. Es muy grave.

La señora Díaz fue a Bruselas para amarrar los votos que pueden permitirle a ella y al señor Sánchez seguir en el Gobierno. Caben dos posibilidades: que Sánchez la enviara para preparar el terreno, en cuyo caso es corresponsable de la ignominia, o que Sánchez no lo supiera, en cuyo caso debería destituirla. No es lo mismo negociar con los diputados de Junts en el Congreso que ir a Bruselas como vicepresidenta a entrevistarse con un prófugo de la justicia.

En la comparecencia posterior al encuentro aparecieron ambos, Díaz y Puigdemont, muy sonrientes. Entiendo la sonrisa de él pero no la de ella, que ya conocía las exigencias del catalán como precondición para sentarse a hablar, pues otra cosa será la posterior negociación de la investidura: la “legitimidad democrática” del independentismo; el “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, con una amnistía desde 2014; un “mecanismo de mediación y verificación”; y que la negociación se enmarque en los límites de “los tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos” y no de la Constitución. El referéndum de autodeterminación queda para más adelante, aunque advirtiendo que no se renuncia a la unilateralidad y que ho tornarem a fer.

Ceder a estas exigencias plantea problemas muy serios para un Estado de derecho: nadie discute la legitimidad del independentismo, defenderlo no es delito, pero la sedición (luego cambiada por desobediencia) y la malversación agravada sí lo son y por eso hubo condenas; el Gobierno no puede abandonar la vía judicial contra los independentistas que delinquen porque en España hay división de poderes y esa decisión solo compete a los jueces; el Gobierno lleva cuatro años diciendo que la amnistía no cabe en la Constitución aunque ahora parece haber cambiado de opinión y espero que lo explique bien; la mediación recuerda al “relator” de 2019 e implica colocar a Cataluña en el mismo plano que el Estado, ¿lo quieren internacional, para mayor escarnio? Y, ya en 2008 (Plan Ibarretxe), el TC rechazó la autodeterminación porque, al margen de otras consideraciones, la Constitución solo reconoce a la nación española como titular de una soberanía que no se puede trocear. Es preocupante que creamos necesario recordarle al Gobierno que debe respetar la Constitución y si lo hacemos es porque no nos fiamos, el presidente no miente pero cambia de opinión. El deterioro institucional pone a nuestra democracia en grave riesgo, como acaba de recordamos el presidente del TS en la apertura del año judicial.

“Es preocupante que creamos necesario recordarle al Gobierno que debe respetar la Constitución y, si lo hacemos, es porque no nos fiamos”

Y, mientras tanto, Esquerra, nerviosa ante el sorpaso de Junts, y el PNV, nervioso ante el sorpaso de Bildu, tienen que subir el listón de sus exigencias para no quedarse atrás. ¡Empieza la puja! No sería tan grave si buscaran lo mejor para España, pero no es el caso, quieren lo que consideran lo mejor para su tribu y les traemos al fresco los demás. No quieren la igualdad sino la desigualdad entre los españoles. Por eso sus repetidos desprecios al rey y a la Constitución, que son el arco de bóveda del edificio que sustenta los mejores 40 años de nuestra historia colectiva, en medio del atronador silencio cómplice del PSOE y del Gobierno. La responsabilidad de lo que pasa no es de los nacionalistas, que pueden estar en su papel, sino de quienes lo aceptan.

No me fío de lo que vaya a pasar a partir de ahora. Dignidad no parece sobrar. ¿Habrá principios? Pido disculpas pero lo dudo. A lo mejor sobran, como le pasaba a Groucho Marx cuando decía que “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Mi esperanza es que siga teniendo razón Bismarck, cuando decía que España es la nación más fuerte del mundo porque los españoles llevan siglos tratando de destruirla... y no lo consiguen.

Embajador de España

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