Uno de los asuntos –pendientes, como tantos otros– que más llama la atención de las buenas gentes del común es, probablemente, que cada año se denuncie el déficit de personal sanitario –sobre todo médicos/as y enfermeras/os– mientras en sus centros de enseñanza sigue funcionando el absurdo numerus clausus. Un sistema restrictivo de acceso a esos estudios que se aplicó en otros tiempos, cuando la realidad era diferente de la actual, y que se agravó cuando la Xunta decidió jubilar, sin opción a continuidad, a los 65 años para rectificar después ante la evidencia del error. Pero el resto de las equivocaciones no sólo no fue corregido, sino que se mantiene con terquedad.
No importa que al introito –que responde a opinión personal, claro–, seguramente a modo de complemento, se añadiese el sistema MIR para restringir aún más el número de especialistas y condenar al limbo a los licenciados salientes de las facultades: hay como una sombra de aparente interés por la escasez, acaso por evitar la competencia por una parte y el gasto público que conlleva la sanidad, por otro. A estas alturas no parece discutible que, salvo para recoger protestas, estos asuntos, de evidente urgencia, no se tratan desde entidades profesionales y/o sindicales a pesar de que son trascendentes para la salud pública. Algo que, expuesto con el máximo respeto, extraña bastante.
(Probablemente hay que prepararse para que extrañe todavía más: se calcula que en los próximos cinco años, el efecto de las jubilaciones agravará esta cuestión, llevándola a límites insoportables. Agravamiento que afecrará no sólo al tratamiento de los males físicos sino también al de los síquicos –acaba de conocerse que el número dde especialistas en Psicología es ya muy corto para atender a las necesidades que, por ejemplo, plantean la pandemia y sus consecuencias–. Y no puede achacarse, todo ello, a una causa cierta, como son los salarios más bajos y la consiguiente marcha de expertos. Es preciso aceptar de una vez que está fallando el modelo de formación de profesionales.)
Quedó expuesto en más de una ocasión el punto de vista –particular– de que la situación del sector sanitario público tiene causas abundantes y distintas, y. la tendencia es a empeorar. Hace muy poco. el conselleiro de Sanidade aludió al aumento de la edad media de la población gallega, lo que puede incrementar los costes de su atención, del mismo modo que requerirá quizás cambios en el modelo incluso territorial. Pues bien, con unos Presupuestos expansivos, como son los que la Xunta prevé para 2023, no parece razonable que, ante el horizonte que todo el mundo percibe, no asigne más fondos a ese servicio. Es difícil, y las necesidades son muchas, pero ninguna de tanta urgencia como la salud.
En este sentido, y respetando otras opiniones, no parece que el gasto sanitario deba excluirse del concepto global de “lo social”, sino más bien lo contrario. Es por eso por lo que habrá que aplicar lo que el profesor Samuelson definió como Economía Política –“la ciencia que ha de resolver múltiples necesidades con recursos escasos”, lo que implica el establecimiento de prioridades– al pie de la letra. Y en el ámbito de los recursos escasos y necesidades abundantes está sin duda el área de lo social, en estos tiempos más amplio que nunca exceptuados los periodos bélicos. De ahí que si ha de acudirse a “mover” contenidos de unas partidas presupuestarias a otras dentro del capítulo correspondiente, nadie discutirá que la salud de la ciudadanía sea lo primero en atender.
