Está visto que, si no hay algo de suerte, el sentido común que preside la vida –pública y privada– corre un cierto peligro. Ciertamente no hay indicios serios –todavía: por eso se apela a la fortuna– de que Galicia pueda alcanzar, al menos en el oficio público, el nivel de esquizofrenia política que padece la mayor parte del resto de España. Hubo un par de momentos en los que dio la impresión de que aparecían algo más que gestos, pero eso tiende a empeorar. Es opinión personal, desde luego, pero existen argumentos que la respaldan. Por ejemplo, la aparente decisión del PSdeG –o de parte de su estructura– a “embarrar el campo”, acaso con fines estrictamente preelectorales.

(Para dejarlo más claro aún, el objetivo sería también darle una vuelta a las encuestas, las publicadas y las de uso interno –que luego se filtran manipuladas: es una manía casi general– antes de que se cree un casi inamovible ambiente de derrota dentro y fuera de ese partido. La estrategia no es nueva, ya se habló hace mucho de extender, o inventar, la merdée como método, sobre todo cuando una jueza de Lugo decidió convertirse en justiciera de enredos que luego se demostraron inexistentes y aunque aquello se superó, han quedado numerosas heridas, algunas de ellas personales e institucionales, difíciles de curar, y por ello especialmente peligrosas. Para los afectados y el sistema.)

Así pues, como punto de vista particular, un político importante, como lo es el secretario de Organización del PSdeG-PSOE, tiene la obligación, si está en la oposición sobre todo, de controlar los asuntos que crea convenientes, igual que el derecho a denunciar lo que entiende ilegítimo. Pero no lo tiene a sugerir conductas presuntamente ilegales, aduciendo maniobras “oscuras” de un gobierno, en este caso la Xunta, para no publicar el paradero de bastante más de cien millones de euro procedentes de fondos europeos contra el COVID-19 y que no se sabe, según el denunciante, en qué se gastaron. Y conste que la crítica no defiende la pretensión de que no se produjese la denuncia.

Al contrario, se hace desde la convicción de que hubiese sido más serio que se plantease ante en el juzgado de guardia si se cree que hay delito. O en el Parlamento de Galicia si la consideración es que solo existen responsabilidades políticas. En cualquier caso, publicarla en una rueda de prensa justifica la sospecha de que, con ella, no se buscaba restablecer el orden jurídico potencialmente dañado, o provocar una investigación, sino solo –y nada menos– el ruido del disparo. Y con ese método lograr objetivos electorales con vistas a las municipales y/o modificar las tendencias actuales, que revelan todas las encuestas –menos las del CIS del señor Tezanos, que es la voz de su amo– en favor del PP y del BNG.

Cuanto se deja expuesto no pretende ser una epístola moral, ni menos una crítica individual, personificada. y mucho menos la defensa de que se retire el derecho de los cargos públicos a informar a la ciudadanía de lo que creen denunciable. Pero, dicho eso, sí que se busca fomentar otro tipo de política, en opinión de quien lo expone más seria y responsable, en el que se respeten los principios que la Constitución consagra y no caiga en las decrépitas estrategias del “chismorrea, que algo queda”, como tampoco serviría de respuesta el “ande yo caliente y ríase la gente”. Y, ahora mismo, en toda España, por desgracia, parece generalizado el tenderete ruidoso y escandaloso que casi nunca deja condenas, o el camino, peor aún, de convertir a los políticos en jueces de última instancia que indultan a los condenados siempre que sean amigos o correligionarios. Eso es indecente, y los que lo practican lo saben, pero que pese a todo lo hacen para ver si así compensan el daño futuro. Por eso hay que poner no solo cada cosa en su sitio, que es el orden que los romanos pretendían, sino cada denuncia en los lugares donde puede ser investigada o enjuiciada. En este caso, si antes no lo explica la Xunta con pelos y señales, que es lo que debería hacer.