Uno de los eslóganes más dañinos que ha puesto en circulación la izquierda española es el de “austericidio”, de lo que se acusó a los gobiernos de Rajoy por tratar de reconducir una economía que los gobiernos del presidente Zapatero habían dejado hecha unos zorros con niveles de déficit que, conviene recordar, colocaron a España al borde de la intervención por parte de la Unión Europea. Naturalmente corregir esta situación necesitó de medidas que en condiciones normales podrían considerarse como drásticas, pero que en aquellas circunstancias no permitían otras alternativas, porque la intervención comunitaria hubiera sido aún más dura.
Para añadir irresponsabilidad a la imprudencia del gobierno Zapatero, la izquierda se empeñó en acuñar el término de “austericidio” mediante el que se pretendió trasladar a la sociedad española, y con cierto éxito, que las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy para arreglar el desperfecto causado por el gobierno de Zapatero eran las responsables de la mala marcha de la economía española, cuando fue todo lo contrario. Los que acuñaron este término pretendían ser keynesianistas y defensores de que el incremento del gasto público genera automáticamente crecimiento económico, mientras que se identificaba de manera grosera al gobierno de Rajoy, como “monetaristas” interesados solo en la restricción del gasto público y generadores de contracción de la economía y de recortes en los servicios públicos.
Nada más burdo e inexacto cuando además esta visión “despilfarricida” de la economía es una malísima caricatura de lo que Keynes realmente proponía. Nada hay peor ni en economía ni en ninguna ciencia que el dogmatismo, ya que en todas las teorías existe algo de razón. Una economía verdaderamente liberal como la practicada por Rajoy en España (muy limitada por el caos generado por el déficit excesivo de los gobiernos de Zapatero) o como la practicada con notable éxito por Núñez Feijoo en Galicia consiste en una aplicación razonable y prudente de todas las teorías.
Pero es necesario matizar que Keynes no propiciaba el gasto público sin límites, sino que estimaba, y con bastante razón, que un aumento de la inversión productiva, aunque implicara una cierta inflación, era capaz de generar crecimiento público especialmente en aquellas circunstancias cuando la inversión privada escasea. Por eso es indispensable seleccionar bien esta inversión de tal manera que sea capaz de incentivar la producción y el crecimiento económico de manera sostenible. Pero de ninguna manera esta inversión pública significa gasto público descontrolado, que no genere ningún crecimiento económico y por el contrario contribuya al endeudamiento de las generaciones futuras, al disparo de la deuda pública y de la inflación.
“La austeridad y la frugalidad siempre se consideraron virtudes; en la economía de los países también”
Este tipo de gasto “despilfarricida” es el que se practicó con el famoso Plan E del presidente Zapatero, que nos llevó a un déficit descontrolado. Pues bien, hoy en día el presidente Sánchez, un tanto noqueado por la crisis y los resultados electorales vuelve a practicar una política despilfarricida. Los ciudadanos saben que los principios económicos de las economías generales no difieren mucho de la economía familiar. Si uno tira en exceso de las tarjetas de crédito puede quizá arreglar temporalmente algunos problemas de deuda, pero cuando los cargos de las tarjetas empiezan a llegar podemos estar en una situación mucho peor que antes si lo que hemos gastado no produce beneficios.
La austeridad y la frugalidad siempre se han considerado virtudes y en la economía de los países también. Solo la irresponsabilidad de una izquierda que se niega a comprender los principios básicos de la economía ha acuñado este termino tan absurdo como el “austericidio”. La gestión correcta del gasto público y su control son la base de una economía saneada. La crisis no se soluciona regando con cheques a los ciudadanos, cheques que pagarán los jóvenes ciudadanos que nos sigan. Para solucionar una crisis de deuda es necesaria, entre otras muchas cosas, una rebaja del gasto público superfluo entre el que NO se cuenta ni la sanidad ni la educación.
Por ejemplo, reduciendo el número de ministros en un Gobierno que cada vez se parece más a una asamblea de facultad en diez ministros puede significar un ahorro de casi tres millones de euros en tres años, y se debe de continuar por la escala administrativa hacia abajo, escala que se ha inflado artificialmente para acomodar a los firmantes de los pactos de gobierno. Hay mucho gasto superfluo de muchos tipos y a todos los niveles y por ahí hay que comenzar. Así será posible equilibrar el presupuesto y generar crecimiento económico sostenible. Este Gobierno lleva la dirección contraria practicando un “despilfarricidio” que nos puede llevar a un serio problema de deuda, a un serio sufrimiento en un futuro muy próximo y a severos tirones de orejas de la Comisión y de los países miembros de la UE que practican otras políticas más sensatas y que no tienen por qué financiar desvaríos económicos irresponsables.
