El reciente alijo de cuatro toneladas de cocaína, que se trasladaba a Galicia a bordo de un buque de bandera venezolana, llevado a cabo por agentes de diferentes países pone –junto a otras operaciones, incluida la del narcosubmarino– otra vez sobre la mesa la evidencia de que los capos y sus bandas siguen teniendo aquí una cantera suficientemente fértil como para mantener vivas y activas sus organizaciones. Y lo bastante rentables para, además, asumir el riesgo de acabar como la anterior generación, en la cárcel y con sus malditas fortunas.
Ese horizonte es cada vez más oscuro para una gentuza que, a pesar de su apoyo internacional y los inmensos recursos de los responsables de la mafia en diferentes guaridas –a veces con el respaldo corrupto de determinadas autoridades–, afrontan un acoso cada vez más eficaz de los cuerpos y fuerzas de seguridad que los combaten. Con el apoyo constante, aunque quizá un poco menos visible y bastante menor en apariciones públicas que antes, de asociaciones de afectados, de familias y de ciudadanos en general, hartos de la presencia de esas mafias que forman quizá la multinacional más productiva de la historia de las drogas.
(Este último episodio, y su procedencia, reavivan un panorama inquietante: el que en su día hizo público la DEA al incluir en su agencia de narcos más buscados a conocidos personajes del actual Gobierno venezolano, o destacados a dirigentes, parlamentarios y gestores de empresas públicas venezolanas, entre ellos algunos que mantuvieron contacto con políticos españoles de extrema izquierda, aunque en principio no relacionados con aquella actividad delictiva. En cualquier caso alguien, con la autoridad suficiente, tiene y debe explicaciones acerca de todo ello.)
Sea como fuere, e insistiendo en lo que se dejó escrito, una de las preocupaciones ahora mismo es la fertilidad de la cantera mafiosa y la abundancia de relevos de delincuentes. Un fenómeno que se explica por el dinero que manejan las mafias y, sobre todo en zonas concretas, por la ausencia de trabajo o porque el que hay es subempleo. Y resulta inútil discutir la relación directa entre delitos y finanzas: hace ya más de veinte años, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad un estudio sobre el narcotráfico que constató que se concentraba en sectores deprimidos del país.
En el trabajo se recomendaban acciones de desarrollo y dinamización económicas que –quede constancia– no llegaron a producirse. Y en eso la responsabilidad es plural y compartida: todos los grupos parlamentarios actuales, que recogen la diversidad de la Cámara en diferentes legislaturas, pasaron ya por la Xunta. Y aunque su estancia en ella, medida en tiempo, es del todo desigual, ninguno demostró, a pesar de que las mafias seguían actuando, clara disposición para cumplir los consejos del informe que ellos mismos aprobaron. Quizá por eso la cantera de los mafiosos aparentemente parece no agotarse nunca.
