Las ópticas

Llama la atención, sin duda, el anuncio desde el Gobierno central acerca de su disconformidad –y ya ni se diga la de Vox– con la nueva Lei de Saúde. Y no sólo por la óptica que maneja el gabinete del señor Sánchez sobre la constitucionalidad de la obligación de vacunarse: también en lo de solicitar del Consejo de Estado un informe que, como proclama Moncloa, no tiene carácter vinculante. Algo que sirvió para disimular dos hechos: que otro informe era contrario a que sólo el presidente Sánchez decidiese el reparto de los fondos UE y, otro, reducir el papel del Consejo porque no hay obligación de cumplir lo que diga.

Ya puestos, hay que citar que en respuesta oficiosa, Sanidade recordó que en caso parecido, Moncloa nada dijo acerca de decisiones –en el sentido de su adecuación al texto constitucional– de los gobiernos de Euskadi y Cataluña. Algo que, con franqueza, confirma una al menos aparente diferencia de trato que ya irrita no sólo a la Xunta, sino a los/as ciudadanos/as que pueden verse afectados por una situación que parece una vulneración del principio de igualdad. Por eso llega la hora de denunciar el riesgo de que haya dos Españas: la de las comunidades que apoyan al equipo del señor Sánchez y, otra, las de todas los demás.

Cosa diferente es la cuestión de fondo, si la obligación de vacunarse se ajusta o no a Derecho, que habrá de ser contestada por quien puede y debe hacerlo; en cualquier caso, doctores tiene la iglesia jurídica que sabrán responder. Lo que procede es que si el Gobierno, o Vox, recurren al Constitucional, éste responda con celeridad, lo que no tiene por qué debilitar las garantías para evitar incidencias negativas en la lucha contra la pandemia. Que habría de ser lo que asuman los discrepantes cuando fallen los magistrados, e incluso haber sido objeto de diálogo previo, dada la importancia del asunto de que se trata, que luchas contra el COVID.

Ocurre que, como por desgracia es frecuente en estos Reinos, eso de conversar antes de discrepar, y no ahorrar bombo ni platillo públicos a los desacuerdos, aquí no se practica. Y hay que añadir un dato más que conviene tener en cuenta: la cuestión, en su conjunto, es consecuencia directa de la “cogobernanza” que se inventó la coalición PSOE/Podemos para librarse de responsabilidad tras el estrepitoso fracaso de su “mando único”, método de afrontar la pandemia que no dio resultado y que debería revisarse ahora que según parece, está a punto de llegar la cuarta ola. Tendría que pillar preparada España, pero son pocos los que lo creen.

Es cierto, y procede reconocerlo antes de proseguir, que el resto de los países europeos padecen problemas parecidos, pero disponen de una ventaja a la carga decisiva: al revés que aquí, en su mayoría optaron por una política común, adaptándola a las circunstancias de sus lander o de sus regiones. Y esa estrategia les ha permitido al menos, sino reducir las infecciones, sí el número de fallecimientos. Aparte de otra diferencia: sus economías, más fuertes y mucho mejor gestionadas, resisten por ahora bien, a los efectos de la pandemia. Aquí se usa el dinero para paliar los problemas antes que para resolverlos. Es otra óptica, por supuesto.