Expuesto sin la menor intención de criticar la gestión financiera municipal en cuanto tiene de meritoria, aunque resulte también manifiestamente mejorable, parece oportuno señalar que no son, estos, tiempos para regalos. Y menos todavía cuando se hacen por razones básicamente político/electorales -en opinión de quien esto escribe- y, además, cargándole la factura a los contribuyentes. Los mismos que, por cierto, quisieran alejar de sus recuerdos la práctica de don Cristóbal Montoro pero que, por el camino en que van las cosas, resultará tarea difícil cuando no imposible. Por más esfuerzos que se hagan, conste.
Viene a cuento, el introito, del anuncio que Hacienda ha hecho acerca de las posibles compensaciones a los municipios por los efectos de la devolución del impuesto de plusvalía a los particulares a quienes se les cobró de forma indebida. Pero como la compensación -en el fondo, un regalo- se hace con dinero público, y éste sale de donde sale -de los bolsillos ciudadanos-, se puede dar el caso de que los que pagaron un tributo que no deberían haber abonado, ahora lo hagan de nuevo a quiemes no lo tendrían que haber cobrado; pero por otra vía, paralela y muy probablemente menos inteligible aún.
Es cierto que la situación actual no resulta de la culpa ni de la responsabilidad de los ayuntamientos sino de la Administración central. Y también lo es que el conflicto se origina por la lentitud del Tribunal Constitucional en clarificar una sentencia que declara ilegal que se cobre una plusvalía a quien vende a pérdida, que es el origen del conflicto. Los diputados/as en las Cortes podrían y deberían haber estirado sus horarios y/o sus agendas para eliminar dudas retocando la ley, pero no se le pueden pedir peras al olmo. Ni a los municipios que paguen el pato. Aunque hay matices.
Uno de ellos, y seguramente el más importante, es insistir en que quienes no han tenido parte en el lío no deben cargar con las consecuencias. En ese sentido resulta evidente que los concellos se han limitado a cobrar aquello para lo que en principio tenían todas las de la ley, y que por tanto no han de resultar perjudicados ya que actuaron de buena fe. Pero ese principio -que no cuenta siempre por ejemplo para los particulares en sus conflictos con la Administración- en ningún caso se le puede negar a quienes pagaron. Porque sería injusto y hasta insultante.
Desde luego, el aparato del Estado tiene doctores más que suficientes que sabrían exponerlo mejor, pero parece claro que el retraso en la clarificación de la sentencia para determinar quién y cómo habrá de devolverse el dinero perjudica a muchos y agrava su situación. Y que eso añade urgencia al asunto, lo que en un tiempo tan poco favorable para las prisas administrativas como es el mes de agosto no induce a la esperanza. Pero la evidencia de lo que resulta justo y lo que no es tan fuerte que nadie en este solar europeo llamado España podrá restarle un ápice de razón a quienes la tienen toda. Y menos aún retrasar demasiado el hacer justicia a un colectivo más numeroso de lo que se cree. O hacer que pague dos veces lo que no tendría que haber pagado ninguna.
¿Verdad?
