Tras las elecciones catalanas del 21-S, Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa para quitar hierro a los resultados. Lo esencial, afirmó, es que se ha impedido la independencia, ha habido elecciones normales y el nuevo gobierno catalán tendrá que respetar la legalidad.
Era sólo parte de la verdad. Había otras que silenció y ya están pasando factura. La primera es que para Rajoy y para la estabilización política era relevante que el bloque secesionista no revalidara la mayoría absoluta. Habiendo aplicado el 155 y convocado elecciones 55 días después -decisión inteligente porque indicaba que no se iba contra la democracia-, lo lógico era poner toda la carne en el asador y no dar argumentos a la campaña independentista. Y no se hizo así. Aparte del fallo anterior, del 1 de octubre, con las cargas policiales en colegios electorales del referéndum, el encarcelamiento de dirigentes independentistas permitió que la protesta -y no el disparate de la declaración de independencia del 27 de octubre- fuera la principal motivación de muchos electores. Cierto que la judicatura es independiente pero la precipitación de la fiscalía ante unos delitos que no prescriben y sus peticiones de prisión incondicional sin fianza antes del juicio -algo bastante excepcional- eran evitables. No se calibró la impopularidad de las ordenes de prisión que señalaban encuestas como la de Gad3. Y así, aunque por la mínima, el independentismo ha salvado su mayoría.
Ya vemos las consecuencias con el intento de Puigdemont de ser investido pese a que se fugó a Bruselas y, si regresa a España, tiene orden de busca y captura. No sabemos cómo se resolverá el asunto, pero si tiene que volver a intervenir el Tribunal Constitucional -y hay nuevas denuncias a la fiscalía- el clima político no mejorará, la autoridad política de Rajoy se verá afectada y los presupuestos de 2018 se volverán a retrasar (el PNV no los votará con el 155 en vigor) o no se aprobarán definitivamente. ¿Vamos entonces a elecciones generales junto a las europeas, municipales y autonómicas de 2019? Entraríamos pronto en precampaña y España quedaría paralizada.
Y luego está el efecto del desastre del PP. En la primera comunidad autónoma por su PIB, el partido que gobierna España tiene el último grupo parlamentario, por debajo de las CUP, con sólo 185.000 votos (el 4,24%) y 4 diputados. Ha perdido 7 escaños y la mitad de los votos -ya no muy altos- de 2015. La causa es que el voto del PP ha ido a C's cuya candidata, Inés Arrimadas, ha hecho una campaña efectiva y tiene un "look" más contemporáneo.
Rajoy ha dicho que no se pueden trasladar los resultados de las elecciones catalanas a unas legislativas en toda España. Tiene razón. Como señaló, Podemos ganó en Cataluña las legislativas de 2015 y 2016 y ahora ha sido la quinta fuerza política con sólo 8 diputados de 135. Y C's ya quedó en segundo lugar en las catalanas de 2015 y fue colista en esas dos legislativas.
Pero las últimas encuestas dicen que C's está capitalizando en España el éxito electoral de Cataluña. Limitado, porque pese a ser la primera fuerza su 25,37% de voto está lejos del 47,5% del bloque independentista.
Pero es igual. La imagen es que Albert Rivera e Inés Arrimadas no sólo han ganado sino que se han merendado al PP. ¿Puede pasar lo mismo en España? Bueno, una encuesta de "El País" del pasado sábado decía que, si ahora hubiera elecciones, C's sería el primer partido con el 27,1% de los votos, por delante del PP y del PSOE (23,2% y 21,6%). Y el "Abc" del domingo remachaba, C's obtendría el 26,2% y el PP se tendría que contentar con el 24,7%.
Son sólo encuestas pero, ¿habrá "sorpasso" en la derecha?
