Ahora mismo, y mientras no se abra el debate -que es distinto, tiene motivos diferentes y también otro fondo- acerca de si deben o no votar los gallegos residentes en el exterior, sobre todo en América, y en qué tipo de elecciones, no cabe duda de que lo que procede es proporcionarles a quienes sí lo hacen las mismas garantías que tienen los residentes en el interior. Y que sustancialmente son tres: la de libertad para emitir el sufragio, la de secreto en su emisión y de limpieza en el recuento
Algunos observadores, entre ellos los que reclaman aún más condiciones de seguridad, resumen sus demandas en una sola palabra; urnas. En ellas, distribuídas, custodiadas y recogidas por personal ad hoc, ven el mejor modo para acabar con las prácticas, algunas más legendarias que reales pero en todo caso posibles, que han puesto en cuestión no sólo el resultado de algunas consultas en la emigración sino también sus consecuencias en el sistema al que van destinados los votos. Y hay ejemplos, varios recientes, que lo ilustran.
El depósito del voto en urna -después del fracaso del sistema postal a causa de la poca fiabilidad de los servicios de correos en algunos países- no implica reformas electorales y, aparte alguna complejidad relativa, tampoco demasiados problemas de calado para implantarlo rápidamente. Lo que se precisa es una decisión administrativa y una voluntad política que hasta ahora no han existido; en treinta años de democracia, ninguno de los gobiernos ha hecho gran cosa para remediar la situación, y por eso pasa lo que pasa.
Ocurre que el escenario general ha cambiado, y por lo tanto la actitud de la política, también. La creciente conciencia, por parte de los propios emigrantes, de que sus votos pueden ser decisivos, y la constatación por los partidos de que efectivamente es así obligan de una parte a seguir más de cerca ese censo y, por otra, a evitar potenciales métodos de fraude que, la verdad, no se sabe bien de principio a quién pueden favorecer al final. Y por eso la pasividad está dando paso a la actividad, lenta pero imparable.
En este punto, en Galicia hay prisa por eliminar los defectos y cerrar el paso a sus consecuencias Pero no basta con la expresión dialéctica de los deseos: es preciso actuar en las Cortes Generales y cerca del Gobierno central para que lo que haya de hacerse se haga cuanto antes, a ser posible cara a las elecciones autonómicas de marzo. Queda dicho que debatir sobre si conviene o no, o es lógico o ilógico, que los ausentes decidan el futuro de los presentres es otra cosa, y llegará en su momento oportuno.
Mientras, otra lógica debiera imperar: la de que si alguien tierne derecho, se debe garantizar lo mejor posible su ejercicio, y en primer lugar blindando, en el caso del voto, su emisión -y su recuento- contra pícaros, golfos y delincuentes electorales.
¿O no...?
