UGT impugna las elecciones sindicales en Bueu y pide constituir una junta de personal

Alega que el censo de funcionarios debe incluir a 17 personas que trabajaron en el Concello en el último año | Se pasaría de tres delegados a una junta con cinco miembros

Una trabajadora municipal deposita su voto en las elecciones celebradas hace una semana. |   // G.NÚÑEZ

Una trabajadora municipal deposita su voto en las elecciones celebradas hace una semana. | // G.NÚÑEZ

El sindicato UGT ganó esta semana las elecciones sindicales entre el personal funcionario del Concello de Bueu, pero ha decidido impugnar el proceso electoral. No porque tenga dudas sobre los resultados, sino porque entiende que el censo electoral no se ajusta a la realidad de la plantilla en el último año. La central sindical defiende que habría que incluir hasta 17 personas más en ese listado, lo que supondría un cambio importante. El número de funcionarios superaría los 50 y ya no se elegirían tres delegados sindicales, sino una junta de personal de cinco integrantes.

Desde la federación de servicios públicos de UGT se basan en una sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales del año pasado. En ese fallo se establecía que para elaborar el censo habría que tener en cuenta a todos los empleados que estuviesen en plantilla durante el año natural anterior a la convocatoria de las elecciones. En este caso desde mayo de 2022 a mayo de 2023.

Las elecciones sindicales celebradas hace unos días en el salón de plenos de Bueu.

Las elecciones sindicales celebradas hace unos días en el salón de plenos de Bueu. / GONZALO NUÑEZ

Si se tiene en cuenta este criterio, a las 42 personas que formaban parte del censo habría que añadir otras tres más que se jubilaron a lo largo de 2022 y a los 14 auxiliares de policía que estuvieron trabajando en el Concello de Bueu entre junio y diciembre del año pasado. “Si se tienen en cuenta los días trabajados por los 14 policías más los tres jubilados, sumados a las 42 personas que ya constaban en el censo aportado de inicio por el Concello de Bueu el total resultante supera con creces el número de 50 personas funcionarias”, expone UGT en el escrito de impugnación presentado ante la Oficina Pública de Rexistro, Depósito e Publicidade de Eleccións Sindicais de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Uno de los sindicatos que participaba en el proceso electoral alegó en un primer momento que la sentencia del Tribunal Supremo es únicamente aplicable al ámbito de la empresa privada y no a la administración pública. En todo caso UGT decidió recurrir y esta semana está previsto que la delegación de Emprego de la Xunta en Vigo dicte un laudo. Si estima los argumentos del sindicato habría que repetir el proceso y está vez habría un mayor plazo para la exposición del censo antes de las votaciones y, sobre todo, se pasaría a elegir una junta de personal formada por cinco delegados sindicales en lugar de los tres actuales.

Publicación de la oferta de empleo y seguimiento a la RPT

A la espera de lo que decida el laudo de la Xunta esta semana, el sindicato UGT consiguió dos de los tres puestos de delegados sindicales. Las dos personas elegidas –el archivero municipal Belarmino Barreiro y el conserje José Ramón Vilas– agradecen la alta participación y la confianza depositada en ellos. Al mismo tiempo avanzan cuáles serán sus prioridades durante los próximos cuatro años.

En primer lugar apuntan a la publicación de la oferta de empleo público comprometida hace un año y a la cobertura de las vacantes en la Policía Local, brigada de obras y personal administrativo. Otra de las prioridades es el seguimiento en la aplicación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) en su segundo año de vigencia y la corrección de los desequilibrios que se advierten en el documento, como la mejora de las condiciones de los habilitados nacionales.

A su vez desde UGT afirman que insistirán en el cumplimiento del acuerdo regulador en prevención de riesgos laborales puesto que hay dependencias “que carecen de extintores y otras medidas básicas contraincendios”; las condiciones de trabajo y las “precarias” instalaciones de la Policía Local; la falta de ropa de trabajo para la Policía y brigada de obras; o la falta de información en materia de personal por parte del gobierno local.

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