El gobierno local de Bueu recurrirá la sanción impuesta por Augas de Galicia por unos vertidos registrados el pasado mes de mayo y por la que tuvo que pagar 500 euros. El bipartito BNG-ACB afirma que los hechos fueron responsabilidad de un particular –una empresa privada que está a la espera de la autorización de la Xunta para conectarse a la red municipal– y que el vertido fue en la carretera PO-551, no en la playa de Agrelo, como afirmaba hace unos días el PP de Bueu. El alcalde, Félix Juncal, y el vicealcalde, Julio Villanueva, acusan a la portavoz popular, Elena Estévez, de “faltar intencionadamente a la verdad” porque en el expediente queda acreditado que el Concello de Bueu sí presentó alegaciones.
Los responsables municipales aseguran que esta situación ya fue transmitida tanto a la Consellería de Infraestruturas como al departamento de Augas de Galicia. “No vamos a consentir que se nos remitan sanciones sobre bienes que no son de titularidad municipal ni nuestra responsabilidad”, afirma Juncal. Por su parte Julio Villanueva, que tiene entre sus funciones de vigilar las concesiones municipales, argumenta que “hay un control continuo sobre la empresa [Aqualia], tal y como muestran los informes solicitados en el marco de este expediente y otros”.
El bipartito acusa a la portavoz del PP de estar en “estado de ansiedad permanente” para intentar desgastar al ejecutivo local “aunque eso suponga, como en este caso, faltar totalmente a la verdad”. Juncal defiende la gestión en materia ambiental del Concello de Bueu durante la última década, que “nos permitió recuperar las banderas azules perdidas durante el mandato de Elena Estévez e incluso ampliar su número”. Para reforzar sus argumentos el Concello echa mano de la última clasificación sanitaria de las playas de Bueu, en la que todas, incluida la de Agrelo, obtienen la calificación de excelente.
Félix Juncal y Julio Villanueva también aprovechan para recordar que el Concello lleva años esperando a que la Xunta le devuelva 90.000 euros por un vertido en la depuradora de la isla de Ons durante su periodo de prueba y que no era de competencia municipal. “Reclamamos continuamente, pero sin respuesta”, afirman.
