El Concello de Cangas paga facturas de hasta 1.600 euros al mes por una supuesta asesoría de imagen

La alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal Mariano Abalo, reunidos durante la crisis de gobierno de julio con el PSOE. |  GONZALO NÚÑEZ

La alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal Mariano Abalo, reunidos durante la crisis de gobierno de julio con el PSOE. | GONZALO NÚÑEZ / Fran G. Sas

En el primer pleno del nuevo curso político, celebrado este viernes en Cangas, el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, aprovechó el turno de ruegos y preguntas para preguntar a la alcaldesa, Victoria Portas, si el Concello está pagando facturas a empresas para el asesoramiento de imagen. La alcaldesa lo negó rotundamente y echó mano de la ironía para señalar: “¿Tengo pinta de tener mi imagen asesorada?. No tengo constancia de ningún contrato de este tipo, aunque no estoy al tanto de todos los contratos que entran en este Concello”. Se trata de una situación que el propio PSOE puso bajo sospecha tras la crisis de gobierno que acabó con su salida del bipartito. Ayer, horas después del pleno, el PP sacó a la luz facturas que se repiten en muchos meses y que suman más de 1.600 euros, todas ellas bajo el epígrafe de “promoción turística” en distintas páginas web y pagadas a empresas que cuentan con una misma administradora.

Las facturas que más se repiten se corresponden con las compañías “Comunicación Certa”, por 907,5 euros cada mes que se emite, y con Xornal Galicia Norte A Coruña SL por un importe de 726 euros en los mismos meses. Aunque en otras ocasiones, como el pasado 30 de julio, se abonó una factura directa de 1.752 euros a Skim Soluciones Globales SL. Desde el PP denuncian que en la práctica se está pagando a una misma empresa, pues las tres firmas están relacionadas con Adelaida Domínguez Mariño, que también administra otras compañías como Ski Work Line SL, o Grupo Distribuciones Asesor de Marketing Publicitario SL.

Estas facturas de Cangas, como otras muchas, han sido reparadas por la Intervención Municipal y este reparo ha sido levantado por resolución de la Alcaldía.

En julio los ediles socialistas que salieron del ejecutivo local ya preguntaron por si estas empresas se encargaban de publicaciones informativas, publicitarias “o de otro tipo de asesoramientos” relacionados con la imagen de la Alcaldía.

El acceso a las facturas por parte del principal partido de la oposición promete llevar este asunto al debate político cangués durante las próximas semanas. No en vano, el PP solicitará informes sobre estas facturas de los técnicos de Secretaría e Intervención “para conocer si existe algún contrato con estas empresas o si son servicios contra factura. En este caso se requeriría de la retención de crédito y de un informe sobre la necesidad del servicio prestado, que no existe”. Temen, desde la oposición al gobierno en minoría, que estos pagos se usen para “gastar en los amigos mientras el pueblo está en estado de abandono”.

El PP denuncia además “opacidad y falta de transparencia” del ejecutivo local al ocultarles estas facturas al resto de grupos y recuerdan que las actas de las juntas de gobierno local no se hacen públicas a través de la página web municipal desde el pasado 6 de abril. “Son defensores de lo público, pero cuando están en el gobierno privatizan hasta su imagen”, concluye Sotelo asegurando que no descartan acciones legales contra estos pagos.

Rodeira

Estas facturas que hizo públicas la oposición se suman a la desvelada esta misma semana sobre la contratación del cierre perimetral de la zona de dunas explanadas en la playa de Rodeira por una intervención del propio Concello a comienzos de julio, que ocasionó denuncias ante el Seprona y derivó en la expulsión del ejecutivo de dos ediles socialistas. Finalmente salieron los otros dos, rompiéndose el bipartito.

Para acordonar la zona y tratar de que la vegetación de las dunas se pueda ir recuperando poco a poco se instalaron postes de madera unidos por dos líneas de cuerdas y cuyo coste total ascendió a 16.335 euros. El PP también llevó esta factura a Intervención al temer que se corresponda con alguna irregularidad y considerar que supone un “despilfarro” del ejecutivo en minoría.

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