La Casa dos Pobres de Cangas está libre de okupas desde ayer a mediodía, cuando fue desalojada la pareja que habitaba una de las cuatro viviendas del inmueble por mandato judicial y con presencia de una decena de agentes de la Policía Local, aunque sin incidentes. Se pone fin, así, a tres años de “okupación ilegal” de una estancia que en la práctica afectaba a la totalidad del edificio, ya que por ahí pasan tuberías de servicios básicos que no se han podido conectar a las viviendas colindantes, deshabitadas por ese motivo. Nada más quedar libre, operarios municipales iniciaron los trabajos para cambiar la cerradura y sustituir puertas y ventanas que llevan años almacenadas, mientras la Policía y la Guardia Civil permanecen vigilantes para evitar una nueva okupación.
“No quiero salir porque no tengo adónde ir”. Fue la primera respuesta que dio la mujer que okupa junto a su compañero la Casa dos Pobres cuando finalmente abrió la puerta a los agentes municipales, que llamaron de forma insistente en presencia de una comisión judicial avalando la intervención. La señora alegó que no había sido notificada ni tenía obligación de irse, aunque cambió de parecer cuando le insistieron en los motivos y le presentaron documentos. Cogió algunos objetos personales en una bolsa y salió a la calle con el compromiso de que los operarios trasladarían el resto de pertenencias a los almacenes del Concello. Su compañero y también ocupante de la casa, que fue visto desde primera hora de la mañana paseando con un perro por Cangas, estaba ausente y no compareció en la vivienda a la hora del desalojo.
Los miembros de la comisión judicial, de los servicios jurídicos del Concello y de la Policía Local explicaron que los trámites y recursos ya estaban agotados tras un largo proceso de recuperación de la vivienda okupada en julio de 2018 por esta pareja, que habría forzado la puerta, cambió la cerradura, se enganchó al alumbrado público y se hizo fuerte. Antes, en la casa ya había habido problemas con otros moradores. A principios del pasado mes de abril, el Juzgado de Cangas dio 30 días de plazo a los moradores de la vivienda okupada (el bajo derecha del número 48 de la Rúa Ensinanza) para desalojarla, después de que estos no comparecieran a la citación enviada 15 días antes, y habilitó a la Policía Local para encargarse de su cumplimiento. El plazo se cumplió con creces y ayer se procedió a la diligencia de alzamiento acordada con una amplia comitiva y discreta expectación vecinal, pero sin altercados, a pesar de que su moradora se negó en principio a abandonarla.
Entre las personas presentes estaba la arquitecta del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior), Mª Isabel Medraño, que diseñó una reforma integral de la Casa dos Pobres que quedó paralizada tras la okupación e hizo perder al Concello parte de una subvención de 43.000 euros que aportaba la Diputación y se extinguió por incumplimiento de los plazos de ejecución. El desalojo permitirá retomarla, aunque probablemente a cuenta del presupuesto municipal, y poner a corto plazo las cuatro viviendas a disposición de familias y personas necesitadas, que son muchas, según constatan los servicios sociales. La intención es cederlas gratuitamente, o por un alquiler “simbólico” durante un período máximo de seis meses, mientras buscan una residencia “estable”.
Deterioro y restauración
La vivienda desalojada ayer es la única que mantiene la carpintería exterior de madera, mientras las otras tres disponen de puertas y ventanas de aluminio lacado, de acuerdo con el proyecto de remodelación. Las estancias, por las que se accede desde la calle Ensinanza, presentan un deterioro evidente, y en el exterior también se acumulan residuos frente a la otra fachada. El primer paso es la retirada de ropas y enseres que pertenecen a los okupas y que llenan la vivienda. Luego los técnicos del Concello harán una inspección a fondo de la estructura y dependencias antes de definir un plan de actuación.
Tres años de proceso judicial tras la toma del inmueble
La salida de los okupas (“personas que toman una vivienda o un local deshabitados y se instalan en ellos sin el consentimiento de sus propietarios”) de la Casa dos Pobres debe poner fin a un largo proceso judicial que comenzó justo hace tres años, en julio de 2018, y vivió su penúltimo trámite el pasado abril, con el ultimátum del Juzgado de Cangas dando un mes de plazo a las personas que la habitaban para dejarla libre. La Policía Local se encargaría de cumplir el mandato ayer si no se acataba, aunque no fue necesario el uso de la fuerza. Atrás queda un reguero de trámites que para el Concello se convirtieron en “un suplicio”, según representantes municipales, que lamentan la lentitud de la justicia y las graves consecuencias para familias necesitadas de vivienda a las que no se ha podido dar el servicio. La pareja formada por A.P.S. y C.G.R.P. agotaron todas las opciones y recursos “dilatorios” para permanecer en el inmueble durante estos tres años y el Concello quiere “abrir una nueva etapa”.
