Los delegados de la CIG en el Concello de Gondomar rechazan las declaraciones del alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, respecto a la legalidad de su cobro de cerca de 1.200 del fondo social destinado a funcionarios en activo, cuestionados por sus socios de gobierno de Manifesto Miñor y objeto de una denuncia de CABE ante la Fiscalía.
El regidor manifestó a este diario el pasado jueves que varios representantes sindicales de CIG y de CSIF habían comentado que "todo es completamente legal". A través de un comunicado, los delegados de la Central Sindical Galega negaron esas afirmaciones trasladadas por Ferreira, "posto que non é a nosa competencia dirimir as cuestións xurídicas que corresponden aos técnicos municipais" y porque hai un informe de Intervención relativo a las ayudas del fondo social percibidas por el alcalde "e dita afirmación entra en contradicción co aseverado nese informe".
Por otro lado, el regidor gondomarés tachó ayer de "injusta" la denuncia del Defensor del Pueblo ante la Fiscalía General del Estado por no atender a sus requerimientos en relación con un ciudadano que presentó una queja por una multa de tráfico. Ferreira lamenta que el PP "acuse a este gobierno de cuestiones que correspondía gestionar al anterior, del que su presidenta, Paula Bouzós, formaba parte".
Y es que, según afirma, la primera comunicación del organismo tiene fecha del 30 de marzo de 2015, en el pasado mandato. Los siguientes fueron remitidos a la Policía Local y a la Alcaldía solo llegó el último, el 24 de julio del año pasado, y fue contestado seis días más tarde, como demuestran los documentos que expone el alcalde.
